Javier Arenas niega la cesión de Ordesa al Gobierno de Aragón

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, se ha mostrado rotundo al negar cualquier posibilidad de cesión, tanto de la propiedad como de la gestión, del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido al Gobierno de Aragón. Sí ha manifestado la intención del Ejecutivo central de acelerar el traspaso de competencias en Justicia, y de adscribir a la Comunidad Autónoma una unidad del Cuerpo Nacional de Policía.

El presidente y el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, han reclamado al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, el traspaso inmediato de todas las competencias pendientes que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón, con una petición expresa para que se inicien de forma inmediata las actuaciones para que la gestión de Ordesa sea transferida a la Comunidad Autónoma. La respuesta de Arenas ha sido rotunda en sentido negativo.

Mientras, se quiere acelerar el traspaso de las competencias pendientes. En octubre se constituirán las ponencias técnicas para cerrar el referido a los medios personales y materiales de Justicia. También se va a dinamizar la adscripción a la Comunidad Autónoma de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía.

También se ha realizado un repaso de algunas materias pendientes de recibirse y que corresponden a traspasos materiales de competencias ya asumidas por la Comunidad, entre las que cabe citar los profesores de religión y de instituciones penitenciarias, así como las de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría (fundamentalmente control de instalaciones científicas y sanitarias).

Todos los interlocutores han manifestado que el encuentro se ha desarrollado con total cordialidad y corrección. Javier Arenas ha afirmado que ha llegado la hora de la cooperación, dejando ya en el pasado el tiempo de las reivindicaciones.

Marcelino Iglesias, por su parte, niega cualquier voluntad de confrontación por parte del Gobierno de Aragón, sin menoscabo, claro está, de la obligación que tiene el Ejecutivo autónomo de defender los derechos de este territorio.

Comentarios