Conjura entre Administración, empresarios y sindicatos contra la siniestralidad laboral

El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, se ha reunido con los máximos responsables en esta Comunidad Autónoma de las organizaciones empresariales y sindicales. Les ha expuesto un paquete de medidas para combatir el incremento de accidentes laborales de carácter mortal registrado en los últimos meses. El Ejecutivo autónomo suscribirá un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Trabajo para evaluar el cumplimiento o no de las obligaciones específicas de las empresas en prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de Aragón va a poner en marcha un programa de actuación e investigación en el caso de los accidentes graves y muy graves. Se pretende acentuar la implicación de la empresa afectada, sin perjuicio de las habituales actuaciones de la propia Administración o la Inspección de Trabajo. Se exigirá, en plazo inmediato, la responsabilidad de la empresa en cuanto a la investigación del accidente para detectar aquellos errores del sistema preventivo que hayan permitido la materialización de un accidente.

Por otra parte, se suscribirá, en los próximos meses, un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Trabajo. Su objetivo, que constituye una experiencia piloto que posteriormente podría exportarse al resto del Estado, es evaluar el cumplimiento o no de las obligaciones específicas de las empresas en prevención de riesgos laborales en materia de organización de la actividad preventiva, evaluación de riesgos, planificación preventiva, consulta y participación de los trabajadores, coordinación de actividades empresariales, auditoría,...

Se va a potenciar, además, el programa de difusión de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales a través de seminarios con directivos de empresas con altas tasas de accidentes y directivos del mismo sector de actividad que presentan cifras positivas.

El Departamento de Economía remitirá al Consejo de Gobierno de la DGA un decreto por el que se regula la imposición de medidas correctoras en el caso de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en las propias administraciones públicas (Comunidad Autónoma y corporaciones locales).