Cartas al director: "Huelga injustificada"

Jesús Pueyo

Partiendo de que el derecho a la huelga es absolutamente legítimo e indiscutible, sí que podemos poner en cuestión las razones o la oportunidad con que se ejerce.

La huelga convocada por los sindicatos y padres de la enseñanza pública, tiene como objetivo que el Gobierno retire su decisión de financiar la educación de los niños de 3-6 años no sólo en los centros públicos sino también en los centros e instituciones sin ánimo de lucro que atienden a un 38% de la población aragonesa.

La medida en ningún caso constituye un ataque a la enseñanza pública. Son dos redes complementarias que prestan, entre ambas, un servicio público de calidad a la sociedad aragonesa. El Pacto por la Educación reconoce a los centros concertados como un servicio público y de interés social. La administración, cualquier administración, sería incapaz de atender por sí sola toda la demanda escolar y si toda la oferta fuera exclusivamente estatal ¡pobres de nosotros!. Estaríamos en una sociedad propia de regímenes políticos muy alejados de nuestra actual democracia.

Seguir afirmando a estas alturas que la enseñanza concertada es de los ricos, de la élite y que la pública es de los pobres es haberse quedado anclado en el pasado. Seguir diciendo que la enseñanza concertada no es más que un negocio privado es mentir y manipular. Es curioso que destacados dirigentes de partidos políticos y sindicatos que se oponen a la enseñanza concertada tienen a sus hijos matriculados en estos centros. ¡Incluso alguno/a de los que hace pocos días firmó un manifiesto contra la concertada! Las organizaciones convocantes siguen provocando un enfrentamiento abierto contra el 38% de la sociedad aragonesa que ha optado libremente por un tipo de educación para sus hijos ejerciendo un derecho constitucional que se les pretende negar o cercenar. Lo más terrible es que dicen hacerlo en nombre del progresismo, del apoyo a los más desfavorecidos (aunque estén poniendo todo su empeño en evitar que este tipo de familias puedan acceder a un centro concertado al quitarles la gratuidad conseguida)

de la igualdad, la solidaridad, ......

Su visión de la convivencia pacífica es, cuando menos, un tanto peculiar: podemos llegar a pactos, acuerdos o como quieran llamarse siempre que exclusivamente supongan avances para la enseñanza pública. Afortunadamente, la gran mayoría de la sociedad aragonesa no piensa así. Las Cortes de Aragón, máxima expresión de la voluntad de los aragoneses, manifestaron hace pocos día su abrumador apoyo (PSOE, PAR, PP) a la gratuidad en Infantil. Las inversiones en educación se hacen con el dinero de todos los aragoneses y deben repartirse equitativamente entre todos. Ya está bien de que el 38% de la población contribuya al pago de la enseñanza del 62% restante y, además, tenga que volver a pagar por la de sus propios hijos. Si la infantil, al no ser obligatoria, no ha de ser gratuita, ¿por qué lo es en la enseñanza pública? ¿Cuánto nos cuesta eso a los aragoneses? ¿Es que todas las familias que van a la pública carecen de recursos económicos para pagársela?

No se detraen fondos de la enseñanza pública para mejorar la concertada. El único trasvase de dinero ha sido siempre de la concertada a la pública. En el año 1998 271 millones de pesetas presupuestados en la concertada se utilizaron para pagar salarios de funcionarios docentes. En el año 1999, las Cortes de Aragón aprobaron una modificación presupuestaria que reducía en 1.000 millones de pesetas el dinero de la concertada adjudicándolo directamente a la pública.

Los 12 millones de euros que invertirá el Gobierno en tres años en al concertada tienen poco que ver con los más de 180 millones de euros que ya ha recibido la pública. En los últimos 3 años han sido 835 profesores los que se han contratado para la enseñanza pública (23 millones de euros) ninguno en la concertada. De los 685 millones de euros presupuestados en educación, el 38% del sistema recibe solamente 96 millones. El resto es para la enseñanza pública.

La enseñanza concertada con menos recursos materiales, humanos y económicos sigue tenido una demanda superior a la enseñanza pública. Pero este hecho tiene que ver con la libertad de elección de centro recogida en nuestra Constitución a la que se oponen quienes quieren imponer un único tipo de escuela estatal.

La forma y el fondo de esta huelga sientan un precedente muy peligroso: lo que se persigue no es un beneficio para quien ejerce el derecho a la huelga sino que el objetivo es evitar que otros puedan ser objeto de una mejora en su situación. Sindicatos de trabajadores luchando por evitar que otros trabajadores tengan mejoras laborales, asociaciones de padres luchando para evitar que otros padres puedan tener los mismos beneficios que ellos. Es evidente a quién no le interesa un sistema educativo equilibrado que realmente sea el motor que esta sociedad necesita.

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