El PSOE pide al Gobierno Central que financie los gastos derivados de de la nueva Ley penal del menor

El grupo parlamentario socialista ha presentado una iniciativa en la que solicita al Gobierno central la financiación suplementaria que sea suficiente para el incremento de la contratación de personal cualificado, así como la creación, mejora y adecuación de los recursos materiales que viene exigido por la aplicación de la nueva Ley 5/2000 sobre responsabilidad Penal de los Menores.

En la iniciativa, la portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social, Encarna Mihi, explica que ?la entrada en vigor de la Ley 5/2000 sobre responsabilidad penal de los menores ha supuesto para la Comunidad autónoma de Aragón una transferencia encubierta y sin dotación que conlleva un gasto aproximado de 20 millones de euros (unos 3.200 millones de pesetas).?

Explica que ?actualmente se producen dos desajustes, por una parte en un tramo de edad de 16 a 18 años que pasa de depender económicamente del Ministerio de Justicia a hacerlo de los departamentos de Servicios Sociales de las Comunidades autónomas, sin que la ley prevea la financiación de ese traspaso. En segundo lugar se pide a los servicios existentes de Protección y Reforma de Menores que amplíen su ámbito de actuación a un número mayor de usuarios y con edades de una mayor complejidad psicosocial y elevada conflictividad, lo que obliga a un incremente de personal, una mayor especialización de éste, la adecuación de recursos...?

La diputada socialista explica que la aplicación de la nueva ley en la aplicación de competencias sin financiación puede resumirse en el incremento de menores, cambio en el perfil de los usuarios y nuevas medidas.

Detalla que con respecto al incremento de menores atendidos que al aumentar el tramo de edad (16 a 18 ) en internamientos cerrado y semiabierto supondrá pasar de atender a 111 menores de 12 a 16 años, a la atención de 153 menores de 14 a 18 años (un 38 por 100 más). En medio abierto se pasará de atender a 258 menores de 12 a 18 años, a atender a 324 menores de 14 a 18 años (un 26 por 100 más). Igualmente la aplicación de medidas de protección a los jóvenes delincuentes de entre 12 y 14 años exige la realización de un diagnóstico de éstos (un número aproximado de 120 menores)?.

Añade que ?las nuevas medidas encaminadas a corregir las situaciones derivadas de las infracciones cometidas por los menores de entre 14 y 18 años que se concretan en ?internamientos en régimen cerrado y semiabierto que exigen la adecuación del Centro San Jorge y la construcción de un nuevo Centro de tipo modular en el que puedan separarse los menores de 14 a 6 años de los que tienen de 16 a 18 años. En las medidas en medio abierto: el seguimiento y evaluación de las mismas supone incrementar significativamente el equipo de profesionales de medio abierto así como dotar de personal para seguimiento de medidas de reparación y mediación extrajudicial.

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