El Justicia sugiere soluciones al tercer cinturón a su paso por le Barranco de la Muerte

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sugiere a las Administraciones implicadas en las obras del Tercer Cinturón que una posible solución para conservar el valor histórico cultural del Acueducto del Canal Imperial, a su paso por el Barranco de la Muerte, y al mismo tiempo satisfacer el interés general que entraña una obra de estas características, podría ser desmontar el Acueducto para reconstruirlo una vez realizada la infraestructura viaria de cierre de la Ronda de la Hispanidad.

Las consideraciones jurídicas que sostienen esta recomendación son varias. La primera y más importante tiene que ver con la seguridad de los trabajadores de la obra, que es prioritaria e irrenunciable. Una seguridad que, según un escrito de la Demarcación de Carreteras del Estado y que figura en el expediente, no estaba garantizada con la opción de mantener el muro y abrir embocaduras de hormigón. Por este motivo, los técnicos competentes consideraron que la solución adoptada inicialmente no era viable. Por otro lado, los datos aportados al expediente indican que retomar estos trabajos, con las garantías suficientes, retrasaría la obra 12 meses y además la encarecería en 300 millones de pesetas sobre los 478 millones previstos por el Consejo de Ministros para las actuaciones de emergencia.

Por lo tanto, y al cambiar las consideraciones técnicas y de seguridad iniciales, convendría, a juicio de Fernando García Vicente, revisar esta opción y tener en cuenta, además de la seguridad de los empleados, el tiempo de ejecución y la proporcionalidad en el gasto público, otros valores. Entre ellos, el interés medioambiental. Se estima que alrededor de 20.000 vehículos circularán cada día por esta ronda, lo que reducirá en un 15 por ciento el tráfico interior en la ciudad y por consiguiente la contaminación y los ruidos. Además, desde el punto de vista de la calidad de vida, 70.000 personas utilizarán diariamente el Tercer Cinturón, el 26 por ciento para ir y volver del trabajo, valorándose en 800.000, las horas que se ahorrarán en recorridos urbanos. Asimismo, esta infraestructura mejorará la ordenación del territorio de Zaragoza (actualmente no existen cinturones de ronda alternativos) y del conjunto de Aragón. De todo lo anterior, se deduce que cuanto antes se termine la obra, antes se podrá disfrutar de estas ventajas.

Para el Justicia de Aragón, la decisión final corresponde al Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Ministerio de Fomento. No obstante, considera que deberían tenerse en cuenta los argumentos recogidos en el expediente, salvo que hubiera otros mejor fundados que los desvirtuaran. Al mismo tiempo, García Vicente opina que para que la decisión sea eficaz se debe tomar con rapidez dado que el convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento para la ejecución de la obra se firmó hace 13 años.

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