El año pasado en Aragón el número de infracciones penales cometidas por menores de 18 años se multiplicó por cuatro

Varón, entre 15 y 17 años, impulsivo e inseguro, mal estudiante, consumidor de alcohol y de drogas los fines de semana, e inmerso en una tensión familiar crónica. Estos, son algunos de los rasgos del perfil del joven violento. Un retrato que se explica por diversas causas. Entre ellas, la trivialización de la violencia, los cambios en la forma de educación y la repercusión que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, tienen en los más jóvenes.

El año pasado, y tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor que elevó la edad penal de los 16 a los 18 años, las infracciones penales cometidas por menores en Aragón se multiplicaron por cuatro. Sirvan como ejemplo las cifras de la Fiscalía de Menores de Zaragoza, donde en el último año los expedientes de reforma pasaron de 450 a 1980.

La preocupación social que causa este fenómeno y la necesidad de abundar en sus causas y posibles soluciones, han motivado la elaboración de un Informe Especial del Justicia de Aragón. El estudio, analiza la violencia entre los jóvenes desde una perspectiva global y además incide en tipos concretos, como la violencia familiar o la que se da en el deporte. El objetivo último, es llamar la atención al conjunto de la sociedad, sobre todo a las familias y a los centros educativos, reclamando su colaboración en la educación de los jóvenes.

El incremento de la violencia juvenil se refleja sobre todo en las grandes ciudades, especialmente en Zaragoza capital, reduciéndose en Huesca y Teruel y disminuyendo de forma ostensible en el medio rural. Los hechos más frecuentes son las lesiones, los robos violentos y los daños en lugares o vías públicas. Pero además, y según datos del Grupo de Menores de la Policía Nacional, cada vez son más frecuentes episodios de violencia doméstica, física y psíquica, de jóvenes frente a sus familiares, amenazas graves por medios informáticos y de la telefonía móvil y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Según este Informe, los delitos de violencia juvenil tienden a cometerse en grupo, los fines de semana, en determinadas zonas de ocio y casi siempre asociados al consumo de alcohol y drogas. La memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2001 refleja que la mitad de los jóvenes entre 15 y 25 han consumido cannabis y un 10 por ciento, cocaína. Junto a los estimulantes, la tenencia de armas también influye en el desarrollo de conductas agresivas. Según datos del hospital Miguel Servet, en el último año se han duplicado las lesiones producidas por elementos cortantes.

Por otro lado, la nueva Ley del Menor se ha reflejado en el aumento de la ocupación, pero sobre todo de la conflictividad, en el centro de reforma San Jorge. En diciembre del año pasado, 21 de los 27 internos tenían entre 16 y 18 años. Idéntica situación se da en los centros de protección de la DGA. En uno de ellos, la residencia ?Cesaraugusta? de Zaragoza, las fugas han pasado de 31 a 44 en el último año. Estos y otros datos, demuestran que actualmente, y debido a la falta de dotaciones en el traspaso, en Aragón no existe la infraestructura que exige la nueva ley.

El incremento de la violencia también se refleja en los colegios, sobre todo en los centros de Secundaria. Un dato ilustrativo: en Teruel, durante el curso 1999/2000 se instruyeron 78 expedientes disciplinarios, 62 en Institutos de Secundaria. El curso pasado los expedientes ascendieron a 137, de los cuales 117 se produjeron en IES. Pero a pesar de estos datos, para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente ?no se puede transmitir la idea de que la escuela es un lugar generador de violencia, sino un lugar para educar en la prevención, la convivencia y la tolerancia?.

En este sentido, la Institución reconoce y califica de forma positiva todas las medidas dispuestas por la Administración y otros agentes sociales, para la prevención de conductas violentas entre los jóvenes. Pero además, el Justicia propone, entre otras actuaciones, reforzar la autoridad del enseñante, sustituir la expulsión por la permanencia de más horas en los centros, fomentar la formación específica del profesorado e incorporar psiquiatras a los centros para impulsar tratamientos preventivos y potenciar programas de Salud Mental.

Pero si los colegios son clave para prevenir conductas violentas, el papel determinante e insustituible corresponde a la familia. García Vicente considera que el hogar debe convertirse en una escuela de convivencia, por encima de las limitaciones de tiempo que impone la sociedad contemporánea.

El informe incluye otras propuestas para combatir la delincuencia juvenil. Se sugiere al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un Observatorio de Violencia Juvenil con el fin de aglutinar y analizar información hoy dispersa. También, la confección de un Mapa de la Violencia en Aragón que permita identificar las zonas, días y horarios en los que se producen más incidentes violentos y así optimizar los recursos policiales, y la constitución de un Organo Técnico de Coordinación, con carácter permanente, en el que estén presentes instituciones y colectivos implicados en el problema.

Pero como la educación no es suficiente, el Justicia también considera que hay que aumentar la presencia policial en la calle, los días, a las horas y en los lugares más conflictivos. Asimismo, las fuerzas de seguridad deben hacer cumplir las leyes y ordenanzas sobre consumo de drogas y alcohol, ruidos, tenencia de armas y horarios de cierre de establecimientos.

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