Cartas al Director: Industria

Francisco Piazuelo

En no pocas ocasiones, los avances técnicos de que disfrutan las personas se ponen en marcha antes de considerar las consecuencias a medio y largo plazo. La regulación normativa y la prevención van por detrás de la implantación industrial.

La aparición de teléfonos móviles ha sido un importantísimo hallazgo, pero la casa no puede empezarse por el tejado. Toda irrupción de la tecnología en la vida cotidiana tiene que estar exenta de riesgos. Ésa debe ser la tarea de los poderes públicos, para evitar, a la vez, tanto el alarmismo injustificado como el perjuicio para el usuario.

La telefonía móvil indiscutiblemente es un gran adelanto en las telecomunicaciones, pero ¿hasta qué punto es segura? Tenemos que tener presente que ningún estudio ha demostrado de forma concluyente la peligrosidad de las emisiones de antenas de telefonía móvil, pero a la vez tampoco se asegura al 100% la inocuidad de las emisiones. Es por ello por lo que deben prevalecer los principios de precaución y de salud pública, no sea que la población sirva como conejillo de indias para el futuro.

Hay que señalar también la tardanza del Gobierno Central en regular el sector, ordenar las instalaciones y dictar normas para la protección de la salud. Las Estaciones Base y Antenas para la telefonía móvil se han instalado, pues, de forma desordenada y caótica, sin control de nadie, y atendiendo más al interés de las operadoras que al de los ciudadanos. Es todavía reciente (septiembre de 2001) el Real Decreto del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que se establecen las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas. Mucho más reciente, el Decreto de 12 de enero de 2002 establece las potencias máximas a las que pueden emitir las instalaciones, pero deja en manos de otras instituciones el resto de aspectos concernientes a la regulación de las antenas.

El debate que se ha producido en el Ayuntamiento de Huesca se puede resumir desde un punto de vista no técnico en que CHA propuso en julio de 2001 un plan de implantación de instalaciones de telefonía móvil dentro del casco urbano, con la subsiguiente reducción de la densidad de potencia máxima a la que podían emitir, para evitar riesgos a la población. Sin embargo, el equipo de gobierno de Psoe-Par-Iu proponía instalar dos macroantenas fuera del casco urbano, con lo que la densidad de potencia a la que deberían emitir para prestar un servicio normal sería muy elevada, "achicharrando" a la población más cercana a dichas antenas.

Tras 8 meses de espera, y viendo la inoperatividad del equipo de gobierno municipal en establecer una normativa local, desde CHA entendimos que había que marcar de manera clara unos plazos para obligarnos a aprobar una Ordenanza en un plazo breve. La alarma social generada en Valladolid y en otras muchas ciudades en relación a esta problemática nos llevó a plantear una iniciativa para desatascar este proyecto. Los puntos de los que constaba la moción debatida en enero de 2002 en el Ayuntamiento de Huesca eran muy claros.

Solicitar al Gobierno Central la reducción de la densidad de potencia, y equipararla a la de los países más restrictivos, no superando en ningún caso los límites establecidos por el Consejo Europeo de la Unión Europea.

Elaborar de forma inmediata un censo de las antenas instaladas en el término municipal de Huesca, determinando:

La potencia a la que emiten las estaciones base.

La distancia a la que se encuentran de los puntos más sensibles (guarderías, colegios, institutos, hospitales, geriátricos, parques, etc.).

La situación legal en la que se encuentran las estaciones base, es decir, si tienen licencia de obras, o si se encuentran en situación de alegalidad.

Proceder a realizar de forma inmediata la elaboración de una Ordenanza de regulación de la telefonía móvil, de forma que pudiera ser aprobada en el pleno ordinario del mes de febrero de 2001.

Estos puntos eran muy razonables de apoyar, e incluso, si se hubiera mantenido un mínimo de coherencia con la postura que mantienen el resto de partidos en otros muchos municipios de España, vemos como desde el equipo de gobierno se debía haber impulsado este tema mucho antes.

Lamentablemente, un oscuro pacto político entre el Alcalde, Pp, Par e Iu, que dio lugar a una bochornosa votación a la hora de votar la propuesta de CHA dio al traste con la esperanza de tener aprobada en breve plazo la mencionada regulación local

Por último, hay que lamentar el tono crispado que se impone desde el equipo de gobierno, entrando más en descalificaciones personales que en críticas a las propuestas que presenta nuestro grupo. Un tema en el que como en otros se debían haber expuesto las ideas, producido un debate, y finalmente votar una propuesta, ha trascendido en una cuestión personal en el que el mal tono ha sido la constante hacia las propuestas de un grupo, olvidando que si se aprueba una Ordenanza no será de la CHA, sino que será una norma de Huesca, y para todos/as los/as oscenses. Parece que algunos han considerado que el tema de las antenas era un territorio propio, vedado a otras aportaciones, y han pretendido marcar su territorio con uñas y dientes en vez de aceptar que todo el Ayuntamiento, y así pues, la ciudad, puede aportar cosas.

Francisco Piazuelo Mazanza. Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Huesca, y miembro de las Comisiones de Urbanismo, y de Medio Ambiente.

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