El PAR cree que la Ley de Calidad Educativa no puede hacerse al margen de las comunidades autónomas, porque estas pagarán su coste.

Avisa de que la calidad exige otros cambios, además de una mayor exigencia al alumnado, y de que los tres itinerarios previstos van a alterar la valoración del coste efectivo de la competencia.

El Partido Aragonés cree que la Ley de Calidad de la Enseñanza Educativa no se puede llevar al Congreso sin escuchar a las Comunidades Autónomas, entre otras razones porque algunas de las medidas incluidas en el proyecto van a modificar el coste efectivo en que se valoró la competencia para ser transferida. En concreto, la decisión de que los alumnos sigan tres itinerarios distintos a partir de los catorce años va a modificar el diseño de la red de centros y, por tanto, obligará a nuevas inversiones.

El Comité de Dirección del Partido Aragonés ha analizado el contenido hasta ahora conocido del borrador de lo que será la Ley de Calidad Educativa, llegando a la conclusión de que el objetivo de mejorar la enseñanza exige otros cambios, además de una mayor exigencia al alumnado. El Comité de Dirección valora positivamente que se modifique la promoción automática del alumnado en la Secundaria Obligatoria y espera a conocer más datos sobre la prueba final del Bachillerato para pronunciarse sobre esta.

El PAR entiende peligroso para el Estado autonómico que el Gobierno Central se dedique a producir legislación general sobre competencias ya transferidas, sabiendo que de esa forma limita la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas y, además, modifica de manera unilateral las condiciones económicas en las que se acordó la transferencia. En su opinión, cómo se trata de una competencia que nadie gestiona en exclusiva, cualquier tipo de legislación general debería ser consultada con las Comunidades Autónomas y no impuesta mediante una mayoría general de las Cortes Generales, sobre todo porque luego corresponderá a esos gobiernos autónomos ponerla en marcha.

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