Informe especial del Justicia sobre el problema de la siniestralidad laboral en Aragón

Educar desde la escuela y fomentar la concienciación de empresarios y trabajadores, principales herramientas contra los accidentes de trabajo.

Los accidentes laborales han descendido en Aragón durante el primer semestre de este año en un 3,87 por ciento, frente a la tendencia al alza del conjunto del país dónde se han incrementado en un 5,6 por ciento. Estas cifras demuestran que la situación ha mejorado en nuestra Comunidad en la última etapa.

Sin embargo, a juicio del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ?mientras haya un solo accidente laboral no nos podemos sentir satisfechos porque se vulneran derechos fundamentales recogido en la Constitución?. Este ha sido el motivo principal que ha llevado a la Institución a elaborar un Informe Especial sobre el problema de la siniestralidad en Aragón.

Un estudio detallado que comenzó a elaborarse hace dos años y para el que han sido necesarios numerosos contactos y entrevistas con representantes sociales, políticos y económicos de Aragón y de otras Comunidades Autónomas. El resultado, es un Informe de 117 páginas y dos anexos, realizado por la Asesora Jefe de la Institución y Magistrada de lo Social, Mercedes Terrer Baquero, que ya está en manos del Gobierno de Aragón, las Cortes, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y cuantos organismos están implicados en la materia.

El informe del Justicia reconoce la labor realizada por la Administración autonómica en materia de prevención de riesgos laborales, desde la puesta en marcha en 1997 del programa Aragón dirigido a empresas de alta tasa de siniestralidad comparada. Pero además, el estudio quiere aportar ideas y formular propuestas que puedan ser útiles para afrontar este problema.

En este sentido, el Justicia de Aragón insiste en la importancia de una mayor concienciación por parte de las Administraciones Públicas, los empresarios y los trabajadores. Como medidas concretas, el Informe propone a la Administración que aplique el principio ?bonus malus? en las cotizaciones a la Seguridad Social por el cual, pagan menos las empresas que tienen menos accidentes.

También le aconseja incentivar la actividad preventiva en las empresas, con subvenciones u otro tipo de ayudas económicas y que ?de ejemplo? exigiendo mayores condiciones de seguridad a las empresas contratadas por la Administración.

En cuanto a los empresarios, el Informe comparte el criterio de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que dice que las empresas con más éxitos son las que muestran mejores estadísticas en la prevención de accidentes. El Justicia también refleja en este estudio denuncias sobre determinadas prácticas de ?encubrimiento de la siniestralidad?, entendiendo que debe ser la Inspección de Trabajo la que ponga en marcha todas las actuaciones precisas para combatirlas. Por otro lado, el informe recomienda evitar la ?burocratización? de la prevención y prestar especial atención a los autónomos y a las pequeñas empresas, donde se están produciendo la mayor parte de los accidentes laborales y que son las que tienen más dificultades para poner en marcha un sistema preventivo.

Sobre los trabajadores, el estudio insiste en la importancia de que asuman que son los primeros interesados en cumplir las normas preventivas. En este sentido, se aconseja que, en la negociación de los convenios colectivos, se tenga en cuenta la prevención. Además, para el Justicia, la temporalidad, la precariedad en el empleo y las jornadas de larga duración, son enemigos de la seguridad y la salud laboral.

En cuanto a la educación como instrumento de prevención, el Justicia sugiere al Gobierno de Aragón y a la Universidad de Zaragoza la introducción de materias preventivas en los planes de estudio de los diferentes niveles formativos.

Otro aspecto que analiza el informe es la incidencia de las drogodependencias. El consumo de alcohol y /o drogas por los trabajadores influye en la siniestralidad laboral y por eso el Justicia sugiere a la Administración autonómica que no descuide esta cuestión en la elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.

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