El Gobierno de Aragón ha aprobado el Proyecto de Ley de Salud de Aragón

El Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha aprobado el Proyecto de Ley de Salud de Aragón que será remitido a las Cortes de Aragón para su debate y refrendo parlamentario. El objeto de la Ley de Salud de Aragón es la regulación de las actuaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, de acuerdo con los principios de igualdad, equidad, solidaridad e integración de los servicios sanitarios, criterios que han de combinarse con los de eficacia, eficiencia y racionalidad en la gestión sin renunciar en todo caso a lo que ha de ser en todo caso un servicio público universal.

Entre los derechos que contempla el proyecto de ley cabe destacar los de libre elección del profesional sanitario, servicio y centro; el derecho a una segunda opinión médica, y salvaguarda el respeto a la dignidad e identidad de todo ser humano que pudiera ser objeto de prácticas derivadas de aplicaciones de la biología y de la medicina generadas por los rápidos avances que se producen en esta disciplina.

El texto regula también las voluntades anticipadas o testamento vital. Se trata de un documento dirigido al médico responsable en el que una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente, manifiesta libremente las instrucciones a tener en cuenta cuando se halle en una situación en que sus circunstancias personales no le permitan expresar personalmente su voluntad. La declaración de voluntades anticipadas se formalizará bien ante notario o bien ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos al menos no pueden tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante.

Se ha querido recoger específicamente la garantía que tienen todas las personas a la atención en situación de urgencia y emergencia, término mucho más amplio que el de ciudadano. De esta forma está mucho más de acuerdo con la terminología adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al definir la salud para todos como la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida productiva.

En el ámbito de las obligaciones ciudadanas uno de los aspectos más novedosos es la posibilidad de sancionar económicamente al usuario cuando no cuide las instalaciones o no colabore al mantenimiento de los centros del sistema sanitario, o bien practique un uso inadecuado de las prestaciones, servicios y recursos ofrecidos (básicamente se refiere a procedimientos de baja laboral, de incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales). Los pacientes están obligados también a firmar el documento de alta voluntaria cuando no se acepte el tratamiento y a mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro y al personal de los mismos. El importe máximo de las sanciones será el equivalente al coste del servicio sanitario prestado o al de los daños producidos en las instalaciones.

El proyecto de ley, que contempla la comarca como un ente territorial intracomunitario de especial relevancia para la descentralización territorial en la gestión, es además un texto con un alto grado de consenso social, ya que se han tenido en cuenta las propuestas planteadas por los agentes sociales que participaron en el análisis y debate previos del anteproyecto elaborado por la Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación, proceso en el que han participado profesionales de la Salud Pública y asesores jurídicos del Departamento de Sanidad.

Esta iniciativa normativa tiene también una gran relevancia con respecto al inminente proceso de transferencias del Insalud. Sistema de Salud de Aragón en virtud de lo previsto en la Ley General de Sanidad. En la mayoría de las comunidades en las que se han llevado a cabo las transferencias o en las que está prevista su traspaso, el sistema de salud está regulado bien en una ley de salud o bien de ordenación sanitaria (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, Galicia, Canarias, Castilla - La Mancha, Extremadura).

El anteproyecto de Ley de Salud de Aragón cuenta como marco legislativo con lo previsto en la Constitución Española, el

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