Constitucional levanta la suspensión de vigencia de la ley aragonesa de Ordenación del Territorio

El Tribunal Constitucional ha emitido un auto que levanta la suspensión de la vigencia de la ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada el pasado 8 de febrero en las Cortes de Aragón y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del estado en mayo de 2001.

El auto, recibido hoy en los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, supone que la ley aragonesa entrará en vigor y se mantendrá en tanto se resuelva ese recurso de inconstitucionalidad, ya que, según el Tribunal Constitucional, ?no han quedado acreditados los perjuicios de imposible o difícil reparación que supondrían el levantamiento de la suspensión?, aducidos por el Gobierno central, y, ?en tanto se realiza el juicio de constitucionalidad sobre el fondo del asunto, debe prevalecer la presunción de legitimidad de la ley autonómica impugnada?.

El auto supone la puesta en marcha de preceptos recogidos en esa ley como que el Plan Hidrológico Nacional y los planes de cuenca, así como las medidas de carácter territorial que afecten a la Comunidad Autónoma deban someterse antes de su aprobación al informe preceptivo del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón.

De acuerdo con la competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, la Ley aragonesa cuya vigencia ahora se reactiva recuerda que Aragón no es indiferente al contenido de la planificación hidrológica que puedan aprobar los poderes generales del Estado y que vaya a aplicarse en su territorio sino que, al contrario, tiene un evidente interés en poder participar en su determinación.

El objeto, según recoge la ley en su artículo 35, es que pueda ser posible la realización de las competencias que el Estatuto otorga a Aragón y que, ?como tales y al contrario de lo que sucede con los derechos subjetivos?, no son en modo alguno renunciables ?de manera que acerca de su ejercicio no cabe transacción?.

La Ley dispone la existencia de un Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón con capacidad para la ?coordinación de acciones de los Departamentos de la Diputación General que incidan sobre la estructura territorial de Aragón y del resto de las administraciones públicas?, y con capacidad para emitir informe preceptivo ?sobre proyectos de Plan Hidrológico Nacional y Planes Hidrológicos de Cuenca que afectan al territorio de Aragón?. Según la norma, el plazo que el Consejo deberá destinar a emitir cualquier informe será de dos meses.

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