Informe especial del Justicia sobre la vivienda en Aragón

El Justicia de Aragón hace un llamamiento a los poderes públicos para que adopten medidas que frenen la subida del precio de la vivienda

En España, en los últimos años se han producido continuos e importantes incrementos del precio de la vivienda nueva y usada. La Comunidad Autónoma de Aragón fue la que registro mayor alza en los precios durante el año 1999 y 2000, debido al peso específico de la ciudad de Zaragoza.

El justicia de Aragón, Fernando García Vicente, considera que no se ha reaccionado con la suficiente agilidad ante este problema por lo que recomienda que se pongan en marcha iniciativas que ayuden a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, un sector que requiere planificación a largo plazo.

Con este fin, el Justicia de Aragón inició un expediente de oficio en el que se analiza la situación actual de la vivienda en Aragón. El resultado es un informe de 51 páginas y seis anexos que incluye sugerencias y recomendaciones para hacerlas llegar a las Cortes, al Gobierno de Aragón y Ayuntamientos.

En este sentido, el Justicia desaconseja a la administración subastar suelo público que acaba incorporándose al proceso especulativo. Por el contrario, Fernando García Vicente, opina que el suelo público debe ser el instrumento que permita una ágil intervención pública en el mercado de la vivienda que ayude a restablecer el equilibrio cuando las circunstancias lo requieran. También, con el fin de evitar la retención especulativa de solares, el Justicia recomienda a la administración utilizar los mecanismos de edificación forzosa, como los Registros Municipales de Solares, siempre que funcionen de forma eficaz o las expropiaciones forzosas, en casos extremos

Pero además, el Justicia de Aragón propone agilizar la gestión administrativa y adaptarla a las nuevas tecnologías. El informe constata que a día de hoy los procesos urbanísticos incumplen habitualmente los plazos legales.

Por este motivo, se recomienda a los poderes públicos que adopten un código de buena conducta en esta materia.

Igualmente necesaria resulta la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la política de vivienda y entre las administraciones públicas que tienen competencias concurrentes en el mismo problema.

Asimismo, el informe sobre vivienda en Aragón recoge la necesidad de promover la construcción de viviendas de Protección Oficial tanto promociones privadas como de carácter público así como una política de arrendamiento en viviendas nuevas y desocupadas. En este sentido, el Justicia sugiere mejorar la fiscalidad de los rendimientos inmobiliarios procedentes de viviendas arrendadas.

Fomentar la rehabilitación de viviendas, impulsar y ampliar las ayudas para la compra de vivienda usada, habilitar ayudas económicas y técnicas para adaptar los inmuebles a personas con discapacidad o movilidad reducida o intervenir decididamente sobre los centros históricos más deteriorados son otras de las medidas propuestas por el Justicia de Aragón

El informe sobre vivienda hace especial hincapié en la situación en el medio rural aragonés, amenazado por la despoblación. Para frenar esta lacra, el Justicia recomienda establecer una discriminación positiva a la hora de conceder ayudas destinadas a vivienda en áreas rurales con declive demográfico, aunque sólo se utilice para segunda residencia.

Por último, el Justicia de Aragón a las administraciones que a la hora de planificarla política de vivienda elaboren un ?registro de demanda de vivienda? en el que figuren las personas o familias que, por falta de medios económicos suficientes precisan realmente de una acción pública que haga efectivo su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.