Acuerdo sobre la venta a distancia en todo el ámbito europeo de productos financieros.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha llegado a un acuerdo político sobre la Directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Esta directiva regula los servicios financieros (bancos, seguros, inversiones, etc) negociados a través de sistemas de comunicación, como el teléfono, medios electrónicos (Internet) o correos, en los que no existe una presencia física y simultánea del proveedor y el consumidor y es un complemento necesario de la Directiva de comercio electrónico.

La nueva norma comunitaria concede al consumidor un plazo de reflexión, antes de la conclusión del contrato, de 14 días a contar desde la fecha en que dispone de las condiciones contractuales y durante las cuales el proveedor no podrá modificarlas.

Se exceptúan los contratos relativos a operaciones en que la determinación del precio está en función de tipos del mercado que el proveedor no puede controlar

El consumidor tiene también un derecho de retractación después de la conclusión del contrato. Durante un plazo de 14 días (o de 30 en los casos de créditos hipotecarios, seguros de vida y pensiones) puede renunciar al contrato sin penalización y sin indicar los motivos siempre que el contrato haya sido firmado antes de que el consumidor tuviese conocimiento de la totalidad de las condiciones contractuales o haya sido sometido a una incitación desleal durante el período de reflexión.

INFORMACIÓN

La Directiva establece también que el consumidor tiene derecho a ser informado de modo claro y comprensible y de sus derechos de reflexión y de retractación.

Queda prohibido el suministro de servicios financieros a distancia a un consumidor sin que este lo haya solicitado previamente. En caso de suministro no solicitado el consumidor queda libre de cualquier obligación.

Es necesaria autorización previa del consumidor para que un proveedor haga uso de sistemas automáticos de llamada sin intervención humana, como fax y teléfono.

Se deja a los Estados miembros la responsabilidad de establecer procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso para la solución de los litigios en este ámbito.

En este sentido se ha constituido una red de órganos para resolver extrajudicialmente los litigios en la que el Banco de España y sus homólogos europeos serán puntos de referencia. Entre los servicios de los que se dispone destaca el Sistema Arbitral de Consumo español.

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