El Gobierno de Aragón inicia un proceso de reflexión y debate sobre la futura Ley de Acción Social

El Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desea que todas las instituciones que trabajan en la acción social se pronuncien sobre un nuevo modelo que sustituya al creado en 1987 por la Ley de Ordenación de la Acción Social

El Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de consulta entre las entidades e instituciones que trabajan en el ámbito de la acción social para conocer su opinión sobre un nuevo modelo de Servicios Sociales.

El consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Alberto Larraz, ha explicado que esta iniciativa pretende generar "un periodo de reflexión y debate similar al que permitió definir el modelo sanitario". En su opinión, el sistema plasmado en 1987 por la Ley de Ordenación de la Acción Social en Aragón (LOAS) "ya no da una respuesta adecuada a los cambios demográficos, sociales, económicos, políticos y culturales que se han producido en los últimos quince años, entre los que tienen importancia cada vez mayor la inmigración, el envejecimiento y la diseminación de la población, que hacen precisa la elaboración de una nueva ley que asegure la implantación de los derechos sociales de los ciudadanos, así como la redacción de un Plan Director de la Acción Social que desarrolle esos derechos y dé soluciones operativas y coordinadas a los problemas y carencias sociales actuales".

El consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha indicado que la próxima semana se remitirá a las instituciones y entidades del tejido social un documento de trabajo que trata de recoger los aspectos de política social que deberían ser desarrollados durante los próximos años en nuestra comunidad. "El objetivo -ha dicho- es promover un debate abierto sobre la política social que queremos para Aragón. Al final del proceso, ese documento, mejorado y consensuado, deberá inspirar la nueva ley y el Plan Director de Política Social".

Alberto Larraz ha avanzado las diez líneas estratégicas del futuro modelo de servicios sociales: refuerzo de los mínimos de cobertura; transversalidad de las actuaciones (vivienda, educación, etc.); consolidar los derechos sociales de "tercera generación" (calidad de vida); desarrollar políticas sociales comunitarias (atención socio sanitaria, familia, menores, empleo e inserción); elaboración de un Plan Director de Servicios Sociales; integrar los servicios sociales de atención primaria y especializada en una red pública asistencial complementaria del sistema sanitario; descentralización de los servicios sociales de atención primaria en los entes comarcales y locales; determinar el sistema de financiación; definir una cartera de servicios de dos niveles, uno general y otro en función de las necesidades territoriales; y evolucionar de la cultura de la subvención a la de conciertos (fijando líneas de financiación, la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas, y el seguimiento y evaluación de las acciones concertadas).

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