Magdalenas Heras anuncia un expediente de regulación que afecta a toda la plantilla, tras decreto del ayuntamiento por el que se incoa el cierre de actividad

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La Sociedad ? El Quiteriano? ( Magdalenas Heras) anuncia un expediente de regulación que afecta a toda la plantilla, más de cien trabajadores, para el día 30 de junio, tras el Decreto del Ayuntamiento en el que se anunciaba la incoación de un expediente de cierre de actividad, abriendo un plazo de quince días.

El comité de empresa del Quiteriano se desplaza este lunes al Ayuntamiento para conocer de primera mano la situación, a la vez que la empresa anuncia conversaciones para trasladarse a otra población. En el comunicado la empresa afirma que cuenta con la licencia de actividad desde comienzos de los 90 y que la situación que ahora se produce es debida a intereses políticos.

Cabe recordar, como ya informó esta redacción, que el viernes día 11 de junio se firmaron dos decretos por el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Monzón incoan a El Quiteriano y Magdalenas Heras al cierre de la actividad en el plazo de quince días. Según ha explicado el concejal de Desarrollo, Juan Antonio Blasco, se trata de hacer cumplir la ley, ya que si es cierto que tienen licencia inicial, pero no se realizó la definitiva, por lo que la actividad es ilegal.

El concejal explica que Magdalenas ha remitido un expediente para conseguir la definitiva, que ha sido remitido a la comisión provincial de Ordenación del Territorio. Así mismo recuerda que hay un grupo de vecinos que quieren llegar al contencioso por los ruidos que provoca la actividad. Con estos antecedentes, y como pasó con Inquidesa, Juan Antonio Blasco, incide en la voluntad de hacer cumplir la ley a todos.

El Quiteriano denuncia también la conexión entre uno de los vecinos que ha presentado un contencioso y CHA, ya que se presentó en las listas municipales de mayo de 2003, formación que ha mostrado su oposición a que estuviera la fábrica en esa ubicación por ruidos.

En el año 93 inició la actividad la empresa en la salida hacia Lérida en el barrio de La Carrasca, actualmente, se encuentra en suspensión de pagos y cuenta con más de cien trabajadores.

El PP ha sido, quien en rueda de prensa, ha dado cuenta de los decretos firmados contra la actividad. José Luis Escutia, sin entrar en analizar la cuestión en profundidad, ha señalado que el problema de los expedientes es como se cierran y que existe la opción de que la empresa tenga la excusa para echar a cien trabajadores e irse a otras poblaciones como Barbastro. La solución hubiera sido una negociación para su traslado a la Armentera implicando a la DGA.

Blasco ha criticado la intromisión del PP, ya que ellos no querían entrar en el tema en los medios de comunicación y les recordó que ellos no habían hecho nada en ocho años.

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