El GA se marca la vivienda como un derecho universal igual que la sanidad y la educación

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La política de vivienda protegida del ejecutivo autónomo responde a la decisión política de abordar este derecho en el mismo nivel que el derecho a la sanidad o la educación, ha dicho en Radio Huesca Digital el director General de Vivienda, Julio Tejedor. En Huesca se quiere llegar al cupo de 800 viviendas en construcción durante el presente mandato para cubrir, en buena parte, la demanda de este tipo de vivienda en Huesca.

Un objetivo realizable ya que a la promoción del polígono 29, en la que habrá 400 pisos, hay que añadir los 120 del polígono 41, las 60 viviendas que ya se están construyendo en el Círculo Católico, las 20 del solar de la Cámara de Comercio y las aproximadamente 200 que la Consejería de Obras Públicas quiere ejecutar en un solar de la zona industrial. Solar propiedad de la DGA y que ahora solo utiliza para almacenar maquinaria.

El Director General de Vivienda del Gobierno de Aragón ha dicho que la consejería de Obras Públicas considera que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental del ciudadano y por ello está poniendo en marcha políticas de vivienda que permitan a los ciudadanos medios acceder a la compra de un piso asequible.

Pronto las máquinas entrarán en el polígono 29 a ejecutar las 400 viviendas de protección que allí está programadas. Mientras tanto, la promoción del Círculo Católico sigue avanzando. Esta serán, ha dicho Tejedor, las primeras viviendas en ser sorteadas entre los compradores utilizando el Registro de Demandantes que el Gobierno de Aragón puso en marcha hace poco más de un año.

Respecto a las promociones del Polígono 29, Tejedor ha confirmado que las ejecutadas por constructores serán sorteadas también utilizando el Registro de Demandantes, mientras que las cooperativas tienen libertad para decidir el modo de designara los compradores, aunque el criterio a aplicar será siempre tutelado por la DGA.

Por otra parte Tejedor, en la entrevista concedida a Radio Huesca Digital, ha explicado porqué no se ha descalificado ninguna vivienda de protección desde 2001 en Aragón. Tejedor argumenta que, de haberse accedido a las peticiones de descalificación, se hubiera propiciado un mayor aumento del precio de los pisos. Hoy por hoy no hay ninguna decisión al respecto, pero el Gobierno está estudiando los criterios a aplicar con la nueva ley.

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