Las Cortes de Aragón debatirán sobre la sociedad pública SAVIA Capital y la mejora del transporte sanitario

El pleno de las Cortes de Aragón, que se iniciará este jueves, debatirá dos iniciativas dirigidas al Gobierno de Aragón para que, por un lado, potencie el papel de la sociedad pública Savia Capital a la hora de apoyar a las empresas aragonesas y, por otro, adopte las medidas necesarias para mejorar las prestaciones del transporte sanitario que opera en territorio aragonés.

Se trata de dos mociones, presentadas por CHA e IU, respectivamente, con las que comenzará un orden del día en el que, además de la sustitución del consejero propuesto por el PAR en el Consejo Escolar de Aragón, está previsto el debate de cuatro proposiciones no de ley, que incidirán en asuntos relacionados con infraestructuras, educación, patrimonio cultural y ayudas por las recientes inundaciones.

Así, el PP pretende que el Gobierno de Aragón asuma la carretera provincial que une Orihuela del Tremedal (Teruel) con el límite de la provincia de Cuenca, la denominada 9032, con la intención de, posteriormente, proceder al acondicionamiento, señalización y asfaltado de esta importante infraestructura de la Sierra de Albarracín. Los populares también quieren que se contrate, al inicio del curso 2004-2005, a los auxiliares técnicos de Educación Infantil que han escolarizado un mayor número de alumnos de tres años de los establecidos, y que se generalice, a lo largo de la legislatura, esta figura en todos los centros de Educación Infantil y Primaria, como una medida educativa de mejora de la calidad.

Por su parte, IU busca con su iniciativa establecer que, en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por la Comunidad autónoma, se incluya una partida equivalente al menos al uno por ciento de los fondos aportados con destino a financiar acciones de tutela del patrimonio cultural aragonés, tal y como se establece legalmente. Mientras tanto, la proposición no de ley de CHA plantea, ante las inundaciones del pasado mes de septiembre, solicitar las modificaciones oportunas para considerar beneficiarios de las ayudas por daños en producciones agrícolas y ganaderas a todos los afectados, siempre que hayan sufrido pérdidas superiores al 20 o 30 por ciento de la producción en cada parcela, según se trate o no de zona desfavorecida, además de otras cuestiones.