Boné se reúne con los alcaldes de Ordesa tras la sentencia del Constitucional

Este viernes el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, se reúne con los cinco alcaldes de los municipios cuyo término está dentro del parque nacional de Ordesa. Asegura el Consejero que los pueblos que hasta ahora han estado apartados de la gestión del parque, se integrarán en los órganos decisorios. No solo eso, Boné dice que llegará más dinero desde la DGA que desde el Ministerio de Medio Ambiente para este espacio protegido.

Respecto al nombramiento de Alberto Fernández como director del parque el consejero ha afirmado que desde su departamento se considera que se trata de un profesional cualificado para ocupar ese puesto y que el nuevo escenario legal que se ha creado tras la sentencia del Tribunal Constitucional en nada ha cambiado el nombramiento, el cual será publicado en breve en el Boletín.

La reunión de este viernes va a ser la primera reunión tras la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la gestión de estas zonas naturales y, por ello, se pretende también sentar las bases de la futura gestión por parte del Gobierno autónomo.

Desde el departamento de Medio Ambiente se pretende crear un grupo de expertos, que evaluarán los aciertos y errores de la gestión estatal del Parque. También deberán plantear propuestas y medidas para desarrollar en el momento en el que se asuma la gestión de este espacio.

Al margen de este grupo, está pendiente la última modificación de la Ley de Espacios Naturales de Aragón, que será aprobada definitivamente por las Cortes antes de final de año. Esta modificación contempla además la convocatoria de una junta rectora para el Parque, que sustituirá a la antigua comisión mixta.

Se mantiene, no obstante, la figura del Patronato de Ordesa y se abre la puerta en esa modificación a la participación del Estado.

Una vez que la Ley de Espacios Naturales comience a funcionar se abrirá la vía administrativa con Madrid para negociar la transferencia de la gestión de Ordesa. Las conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente podrían comenzar en enero para finalizar antes del 1 de julio, fecha en la que Aragón quiere asumir esa gestión.