El CESA propone hasta 9 modificaciones en el proyecto de la Ley Universitaria de Aragón

El Consejo Económico y Social de Aragón se ha pronunciado sobre la futura Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. De hecho, el CESA aprobó en su última reunión un dictamen en el que se piden distintos cambios en el proyecto de esta ley, en especial referidos a que se garantice el ?coste de funcionamiento? de la Universidad de Zaragoza.

En este dictamen se solicitan hasta nueve modificaciones del proyecto de ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, presentado por el Gobierno de Aragón en las Cortes. Entre otros aspectos se critica la financiación de la Universidad de Zaragoza y se pide ?clarificar los términos de la financiación privada?.

Así, se pide para la universidad pública un modelo que se base en tres criterios ?la suficiencia económica, la estabilidad y la eficiencia de recursos?, por lo que se destaca que no puede establecerse como ?único criterio de carácter general? el número de alumnos, y tiene que tenerse en cuenta también la función investigadora, para garantizar ?el coste del funcionamiento general?.

La regulación de la investigación es otro de los puntos más criticados, ya que se considera que esta actividad ?queda en segundo plano respecto de la docente?, y debe regularse mejor.

Varios puntos se refieren a la participación de la Universidad de Zaragoza en distintos órganos y funciones. Así, sobre la programación universitaria se considera que la participación de las universidades ?no debe limitarse a una mera audiencia?; se pide que la comisión mixta con el Gobierno de Aragón sea paritaria; y se critica la ?excesiva presencia de representación política? en el Consejo Social de la Universidad y la ausencia de representantes de los campus de Huesca y Teruel.

En referencia concreta a las universidades privadas se recalca que para su creación deben ?regir los mismos criterios de exigencia? que en la pública respecto a cuestiones como la cualificación de profesores o el ingreso de alumnos, por lo que se considera necesario que la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón emita un informe previo. También se critica que el silencio administrativo no tenga efectos negativos tanto para unas como para otras.

Por último destaca la petición de que se establezca un sistema de becas para estudiantes propio del Gobierno de Aragón ?con criterios claros y financiación adecuada?.

Por otra parte, se critica que para emitirlo no se ha contado más que con el texto del proyecto de ley, ya que la Consejería ?no ha remitido documentación alguna, a pesar del requerimiento formal efectuado por la presidenta del Consejo?. Sin embargo, y pesar de estas críticas, el dictamen aprobado por el CESA señala que se valora positivamente la iniciativa, aunque ?es necesario mejorar el proyecto?.

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