Juicio a un falso dentista que desarrolló su actividad en Huesca

Un fiscal de Avilés solicita este martes dos años de prisión para un ciudadano de Perú que falsificó el título de dentista y ejerció la profesión en Huesca, Avilés y Albacete. Además le piden una multa de más de mil euros por el delito de intrusismo.

El Ministerio Fiscal solicita en los Juzgados de Avilés una pena de dos años de cárcel y una multa económica a un ciudadano acusado de ejercer como médico odontólogo sin tener el preceptivo título académico. Francisco M. D. ejerció como dentista en Avilés entre agosto de 1997 y agosto de 1998 haciendo valer documentos supuestamente emitidos por una Universidad de Ecuador, actitud que mantuvo anteriormente en Albacete (de 1994 a 1996) y Huesca (de enero a mayo de 1997).

El fiscal considera que el acusado, en fecha no determinada, aunque anterior al 31 de octubre de 1990, ?confeccionó él mismo u obtuvo de otra persona a su instancia? el título de Doctor en Odontología de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), así como la certificación de las calificaciones para conseguir dicho título sin haber cursado en la citada institución académica la carrera de Odontología.

El 31 de octubre de 1990, Francisco M. D. presentó la documentación, con legalización de firmas de diversas autoridades ecuatorianas y de autoridades consulares de España en Quito, ante el Ministerio de Educación y Ciencia español para su homologación. Tras varias vicisitudes administrativas y judiciales, logró la homologación provisional en 1994. Pero, al proceder a la ejecución definitiva, funcionarios del Ministerio observaron algunas diferencias entre las firmas de las autoridades reflejadas en la documentación presentada por el acusado y los existentes en otros documentos procedentes de la misma Universidad que obraban en el Ministerio, por lo que recabaron información. La Universidad de Guayaquil comunicó que no consta que el acusado haya obtenido en ella el título de Doctor en Odontología.

El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de intrusismo y otro continuado de presentación de documentos oficiales falsos en juicio, por lo que solicita doce meses de multa con cuota diaria de 30 euros y la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por el delito de intrusismo, y dos años de prisión y multa de seis meses con cuota diaria de 30 euros.

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