Cartas al director: ¿La reforma de la justicia es únicamente la mejora para unos pocos elegidos?

CC.OO., UGT, CSI-CSIF

En noviembre de 2002 y octubre de 2003, los Sindicatos CCOO, CSI-CSIF y UGT, que en la Administración de Justicia reunimos más del 80 % de los delegados de este ámbito, suscribimos con el Ministro de Justicia, en desarrollo del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, unos acuerdos históricos que representaban un cambio significativo para el futuro de la Administración de Justicia y una apuesta decidida de los trabajadores por la mejora de este servicio público, tan importante para los ciudadanos. Se consiguieron los acuerdos después de las medidas de presión ejercidas por estos Sindicatos, pues en principio tan solo se concretaban en modificaciones que suponían mejoras retributivas para Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales.

La apuesta de los Sindicatos fue, por un lado, lograr finalmente el reconocimiento profesional del conjunto de trabajadores de la Administración de Justicia y, por otro, la creación de las bases para la reforma de una Administración que se encontraba anclada en el pasado, por causa no imputable en ningún caso a los funcionarios que representamos. Los trabajadores han expresado sobradamente, con hechos, estar dispuestos a asumir las dificultades que implica la puesta en marcha de las reformas tendentes a la implantación de la nueva oficina judicial, si eso significa tanto el acercamiento de la justicia a los ciudadanos, como la mejora de un servicio fundamental en cualquier sociedad que dice ser avanzada.

Pero, el reconocimiento profesional de los funcionarios conllevaba dos reformas: la estatutaria, adaptando el régimen de derechos y deberes a la nueva situación y la retributiva como consecuencia de la modificación de tareas, asunción de mayores responsabilidades, y el incremento de la cualificación académica exigibles al funcionario. Así se acordó y firmó, y los responsables del Ministerio de Justicia se comprometieron a llevarlo a cabo.

Pues bien, ni el equipo ministerial de entonces, ni el que le ha sustituido, tras el cambio de Gobierno, han querido, ni han tenido voluntad política para cumplir los acuerdos y compromisos que contrajeron con los trabajadores. Dicha responsabilidad también es achacable a las CC.AA. con competencias de gestión que tan solo están utilizando la reforma como instrumento político para asumir más competencias. Han exigido a los trabajadores sus obligaciones (más responsabilidad, más funciones, un régimen disciplinario durísimo -mayor que para Jueces-..), pero no quieren respetar sus derechos mediante el reconocimiento profesional acordado.

Aspectos retributivos y estatutarios que se pactaron para los funcionarios no los quieren respetar ni asumir, generando de esta forma una inaceptable situación de indefinición e inseguridad en nuestro futuro laboral. A los Jueces, Fiscales y Secretarios sí se les ha respetado y sí han asumido lo acordado por el Gobierno anterior, pero la Justicia la hacen funcionar bastantes más, un colectivo de funcionarios que trabajamos desde el anonimato, atendiendo a ciudadanos, intentando solventar sus problemas diarios sin pertenecer a los cuerpos referidos.

Los Sindicatos firmantes no vamos a tolerar que la Administración incumpla lo acordado, pues ello conllevará un perjuicio para los trabajadores a los que representamos. Desde las Centrales Sindicales utilizaremos todos los medios que se encuentran a nuestra disposición para lograr, nuevamente, el compromiso de todas las Administraciones responsables de la Administración de Justicia en una reforma que consiguiendo LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES SUPONDRÁ UNA INDUDABLE MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO E INICIAREMOS UN PROCESO DE CONFRONTACIÓN QUE SE PROLONGARÁ EN EL TIEMPO.

¡EXIGIMOS A LA ADMINISTRACIÓN QUE CUMPLA CON

LOS COMPROMISOS, ¡YA!

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