Confederaciones empresariales aragonesas alegan contra la reducción de derechos de emisión de sus centrales

Las distintas confederaciones empresariales de Aragón (La CREA, CEPYME-Aragón, Teruel y Zaragoza, CEOS-Cepyme Huesca, CET y CEZ) se han reunido para alegar conjuntamente contra la propuesta del Ministerio de Industria de reducir los derechos de emisión de las centrales térmicas. Los empresarios consideran que es una medida que va a perjudicar a Aragón al hacer recaer el peso de la reducción del sector energético sobre el carbón, base de la economía turolense.

Aseguran que los recortes perjudican de forma injustificada a las instalaciones del sector minero energético aragonés, y concretamente turolense, que han realizado en los últimos años importantes esfuerzos tecnológicos y de inversión para adaptarse a las exigencias medioambientales.

La reducción prevista supone un fuerte recorte frente al Plan Energético para Aragón 1994-2014 que recogía asignaciones mínimas que los empresarios consideran imprescindible mantener para asegurar la viabilidad del sector en Aragón. De hecho, para 2007 se asignan unos derechos correspondientes prácticamente a la mitad de las horas de funcionamiento reales de las centrales, lo que supondría bien un importante gasto extra para comprar derechos y mantener la producción actual o bien una drástica reducción de actividad

De aplicarse, estos recortes pueden tener graves consecuencias para el sector haciendo peligrar gran número de empleos (se estima que más de 4.000 en Teruel) y favoreciendo el éxodo poblacional a otras zonas donde se genere empleo. Este hecho sería especialmente perjudicial para la provincia de Teruel y las comarcas mineras, con densidades demográficas casi desérticas.

Las organizaciones empresariales resaltan que la propuesta del Ministerio no tiene en cuenta el considerablemente menor aumento de la media de emisiones en Aragón respecto a los niveles de referencia de 1990 (23%) frente a otras Comunidades Autónomas donde se observan incrementos de hasta el 39%. Asimismo, obvia que el 45% de la producción eléctrica aragonesa es cedido a otras Comunidades para su consumo a través de la red eléctrica, por lo que la reducción de derechos en Aragón supondría una carga extra que esas regiones que reciben esta electricidad generada no están soportando en igual medida.

Entrando en consideraciones puramente estratégicas, la actual asignación de derechos favorece la generación eléctrica mediante gas natural, lo que supone una dependencia excesiva de países inestables como Argelia. Por el contrario, el peso del recorte recae en el carbón, base del sector en Aragón, asignándole derechos que en la práctica impiden a las centrales incluso quemar la materia prima nacional que deben adquirir obligatoriamente.

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