El desarrollo normativo de la LOE se hará en Aragón a través de una Ley

La consejera de Educación, Ciencia y Deporte del Gobierno aragonés, Eva Almunia, ha participado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, convocada a petición del PP para debatir el nuevo proyecto educativo socialista y los últimos datos del informe Pisa. Tras su intervención, Almunia ha asegurado haber pedido su comparecencia en las Cortes de Aragón para trasladar el impacto de la reforma educativa y anunciar que su desarrollo normativo se ejecutará por Ley.

La consejera de Educación ha respaldado a lo largo de su intervención la línea fijada por el Gobierno socialista en la nueva reforma del sistema educativo. Las expectativas más optimistas indican que dicha revisión no entrará en vigor hasta el curso 2006-2007, cuando la Ley de Calidad del Gobierno del PP deje de tener efecto. Para entonces, el borrador que actualmente debaten las Comunidades Autónomas habrá pasado los filtros del Consejo escolar, el Consejo de Estado y ser aprobado por el Consejo de Ministros. Y se prevé que para finales de año, el anteproyecto de Ley entre en las Cortes Generales para su debate parlamentario.

Desde Aragón ya trabajan para el escenario que se abra una vez tome forma la Ley. De hecho, como ha confirmado la consejera de Educación, Eva Almunia, la Comunidad llevará a cabo el desarrollo normativo de la LOE a través de una Ley autonómica. Lo cual, ha subrayado, ?no quiere decir que se esté dando pie a 17 modelos educativos distintos? para sendas Comunidades Autónomas.

Almunia, que ha pedido su comparecencia ante las Cortes de Aragón durante el día de hoy, ha puesto algunos ejemplos de lo que, en la práctica, supondrá la capacidad normativa de cada Comunidad. Así, en Aragón se pondrá especial empeño en regular la relación entre centros de primaria y secundaria: sencillo cuando se trata de zonas rurales donde sólo existe un instituto de referencia, pero extremadamente complicado en áreas urbanas. O se regulará la forma en que se procederá a integrar a las comunidades de inmigrantes, generalmente con poblaciones muy concentradas en determinadas áreas de las ciudades. Eso sí, como ha destacado vehementemente la consejera, los criterios educativos ?se mantienen?, al tratarse de una competencia estatal.

Almunia ha apelado al compromiso social y a la conjunción de lo que ha denominado como ?tres des?: ?dinero, diálogo y debate?. Una ecuación presentada como la ?solución? posible para sacar adelante un modelo que lleva demasiado tiempo siendo revisado sistemáticamente por los diferentes Gobiernos. Almunia entiende que el consenso conseguido en torno al peliagudo problema de la financiación debe servir de base para acuerdos más amplios ?que den estabilidad al sistema?.

El anteproyecto de Ley socialista contemplará, a diferencia de su antecesora Ley de Calidad, una memoria económica, atada a compromisos financieros. Además, como ha señalado la ministra, Educación elevará anualmente al Parlamento el informe financiero que ?rendirá cuentas? de las políticas practicadas. Almunia se ha mostrado ?orgullosa? por ello y ha recordado que donde sólo se levantaban algunas Comunidades Autónomas (socialistas, principalmente), exigiendo el respaldo financiero para las medidas anunciadas por el Gobierno, ahora son todas las Comunidades las que se han unido para reclamarlo.

La consejera se ha mostrado proclive a que todas las partes acuerden fijar unos principios básicos que deben considerarse como inalterables en el tiempo. ?Pero también los desacuerdos ?ha añadido- porque permite conocer lo que sí es susceptible de cambio? en la normal alternancia de Gobiernos. Una de las ventajas de la Ley, ha asegurado, es ?su flexibilidad para introducir modificaciones?.