El Justicia propone instalar aparatos de control de ruidos en los locales de marcha

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto al Gobierno de Aragón y a los principales ayuntamientos de la Comunidad Autónoma que estudien la posibilidad de instalar en bares y locales de ocio, equipos registradores del ruido que permitan controlar que las emisiones no sobrepasen los límites admisibles.

Estos aparatos realizarían una labor similar a la de un tacógrafo en los camiones que detectan excesos de velocidad o de horas de conducción a pesar de haber transcurrido un tiempo desde que se produjeron, y constituyen una prueba que habilita a la policía a imponer las sanciones pertinentes.

En el caso de los aparatos registradores de las emisiones acústicas, su instalación permite almacenar los niveles sonoros del local, así como los horarios de apertura y cierre. Se conseguiría así controlar el nivel de ruidos del establecimiento sin necesidad de la actuación policial.

Este tipo de aparatos almacenan en soporte físico los datos de ruido almacenados, lo que facilitaría la posterior comprobación por parte de los equipos técnicos municipales. De hecho incluso existen algunos limitadores-registradores que ofrecen la posibilidad de enviar los datos al Ayuntamiento automáticamente por vía telemática.

Estos aparatos de medición acústica se gradúan en función del aislamiento acústico que tiene el local con el fin de permitir el nivel máximo de emisión que no repercuta en las viviendas colindantes. En opinión del Justicia, es importante que el propietario del local se responsabilice del correcto funcionamiento de los limitadores dando cuenta a la Administración competente en las inspecciones que se realicen.

Con el fin de que estos aparatos de control tengan soporte legal, el Justicia sugiere tres posibilidades: incluirlos en el Proyecto de Ley reguladora de los espectáculos públicos, actualmente en tramitación parlamentaria; regular su instalación mediante las ordenanzas municipales relacionadas con el ruido o también, a través de su incorporación en las licencias de apertura. En su informe, el Justicia de Aragón recuerda a las Administraciones que en otros ámbitos del medio ambiente, como al contaminación de los ríos o de la atmósfera, se han introducido avances técnicos y científicos de control similares al propuesto para la contaminación acústica.

En la actualidad, el sistema de control de ruido empleado es la medición in situ que presenta diversos inconvenientes, entre ellos, la falta de disponibilidad de la Policía Local para atender llamadas en el momento en el que se producen los ruidos, la picaresca de los establecimientos que reducen el volumen de las emisiones ante una amenaza de inspección inminente, o la agresión a la intimidad de las personas que han de permitir la entrada en sus hogares no sólo de la policía, sino también, del causante del ruido que tiene derecho a estar presente en una prueba contra su actividad.

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