Propuesta alternativa del PP para financiar la sanidad

El Partido Popular, a través de los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Gobernadas por el PP, ha presentado al Gobierno, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una alternativa sobre el Gasto sanitario y su financiación que no supone un incremento de la presión fiscal para los contribuyentes españoles con el fin de que se eleve a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo sábado en el Senado. El contenido íntegro de la propuesta engregada al Gobierno es el siguiente:

El Partido Popular comparte la opinión contenida en el documento facilitado por el Gobierno de que las Comunidades Autónomas se están viendo sometidas a tensiones financieras debidas a un crecimiento del gasto sanitario por encima de la tasa de crecimiento del PIB nacional. Y que dicho crecimiento puede dividirse en dos componentes: el estrictamente cuantitativo debido al crecimiento de la población y un componente cualitativo originado por el aumento de gasto sanitario por habitante.

Sin embargo, no se comparte en absoluto la solución planteada para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a esas tensiones que amenazan con poner en grave riesgo no sólo la financiación de la sanidad sino la del resto de sus propias competencias.

En efecto, el documento parte de la tesis de que el problema es exclusivo de las Comunidades Autónomas, que son las que prestan el servicio, y que el papel de la Administración del Estado solo obedece a su función coordinadora en materia sanitaria y a su potestad para establecer impuestos. Como consecuencia de ello, plantea su colaboración en un doble sentido, de un lado ofrece una ayuda transitoria de 500 millones de euros por dos años y, de otro, ofrece dotar a las Comunidades de nueva capacidad tributaria en los impuestos de hidrocarburos y electricidad; adicionalmente propone la subida de los impuestos de alcohol y tabaco, cuya recaudación se reparte entre las Comunidades Autónomas ?40%- y el Estado.

Así, de un lado, la propuesta, no obstante señalar que el problema financiero de la sanidad se debe, en su mayor parte, al crecimiento extraordinario y no homógeneo en el territorio de la población ?cerca de 4 millones de habitantes más desde que se implantó el modelo vigente- hace caso omiso a los requerimientos constitucionales de cohesión, solidaridad, garantía y cobertura suficiente de un servicio básico como la sanidad así como de la responsabilidad que el Estado tiene en este campo.

Y de otro, basa la solución, exclusivamente, en una subida de impuestos sobre el consumo de determinados bienes y servicios a pagar por los españoles. Subida injusta, insolidaria y antieconómica.

Es por ello que el Partido Popular entiende que nos encontramos ante un problema nacional y que, como tal, debe ser resuelto por el Gobierno de la Nación con los recursos con los que cuenta para hacer frente a sus obligaciones y sin apelar a nuevos impuestos que incrementen la presión fiscal.

En este sentido se realiza la siguiente PROPUESTA ALTERNATIVA a la presentada para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posterior elevación a la Conferencia de Presidentes:

El Gobierno debe restablecer el equilibrio inicial del sistema, que se ha visto alterado por el crecimiento ?anormal? de la población que, como tal, no estaba previsto en el modelo de financiación vigente. Para ello, deberá aportar, de acuerdo con los cálculos contenidos en la propuesta presentada, que se derivan del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario dirigido por la Intervención General del Estado, un mínimo de 1.800 millones de euros que se consolidarán en el Modelo y se repartirán y evolucionarán de acuerdo con los criterios en él establecidos que contemplan, además de la población protegida su edad y el hecho insular.

Se debe mantener la claúsula de garantía de crecimiento de los recursos como el PIB, dado que, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno, en 10 Comunidades Autónomas ha habido que aplicarla lo que pone en peligro la prestación del servicio a medio plazo en estos territorios.

El Gobierno, en el plazo más breve posible, debe establecer la Cartera Básica de Servicios Sanitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria. El establecimiento de la Cartera es indispensable para poder determinar las necesidades de financiación de la sanidad prestada por las Comunidades Autónomas. En caso de ser necesario, el principio de lealtad institucional establecido en el modelo de financiación resolvería las tensiones de gasto que pudieran derivarse del establecimiento del catálogo.

El Gobierno, en el plazo más breve posible, debe proceder a desarrollar el Fondo de Cohesión Sanitaria de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación y en la de Cohesión y Calidad Sanitaria, tanto en lo que respecta a su cobertura financiera como a sus normas de reparto y utilización.

Se garantizará en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla la prestación de los servicios sanitarios en condiciones de calidad equiparables al resto del territorio.