Cartas al Director: “Otra defensa es posible”

José Ramón López Goñi

Otra Defensa es posible :

Un año más la Campaña "Por la paz: ¡no a la investigación militar! quiere expresar su rechazo a la realización en Jaca de los Cursos Internacionales de Defensa. Dichos Cursos se celebran anualmente en el marco de un convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Academia General Militar.

La presencia de algunos participantes de esta edición (3-7 de octubre) merecen, cuando menos, una mención: políticos que aún defienden la actuación del gobierno de Aznar en la guerra de Iraq y representantes diplomáticos de gobiernos con escaso respeto por los derechos humanos (Irán y Turquía).

Además, sigue pesando en exceso la presencia de personas vinculadas a organismos gubernamentales y no comprendemos la nula presencia de especialistas civiles españoles en el mundo islámico.

Tampoco entendemos las razones de la presencia del "experto" en el conflicto de Afganistán: el responsable de la misión militar, cuyo discurso no se separará un milímetro del gubernamental y cuyo conocimiento real del territorio se basa en las informaciones de los señores de la guerra y los caciques locales.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza sigue haciendo oídos sordos al rechazo suscitado en su seno por esta colaboración con una institución militar. Pensamos que los esfuerzos de la Universidad deben ir orientados a fomentar la paz y el desarme, como le exigen sus estatutos. La verdadera seguridad, en un mundo caracterizado por una profunda desigualdad socioeconómica, no se puede obtener por la fuerza de un ejército (o de una organización militarinternacional) contra otro.

En cambio, el ejército español sigue construyendo la guerra en países como Afganistán o Haití, aunque se camufle con nombres como Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad o Misión de Estabilización. Se nos dirá que el ejército español sí realiza, en estas misiones, trabajos que benefician a la población civil. Pero, en la mayoría de las ocasiones, son actuaciones puntuales, desligadas de la realidad regional y de los intereses de la población civil y dependientes para su funcionamiento futuro de la ayuda internacional.

El verdadero sentido de la presencia militar española es doble: en primer lugar, labrarse una buena imagen internacional. Así lo declaró abiertamente Julián García Vargas, ministro de Defensa entre 1991 y 1995: " la misión de Bosnia no tenía muchas posibilidades de éxito, pero el balance para España ha sido positivo.". Las fuerzas armadas sólo intervienen allí donde la agenda política y los intereses de sus gobiernos ordenan que lo hagan. De ahí las buenas relaciones con los señores de la guerra y el menosprecio hacia las organizaciones civiles y políticas locales. Y Afganistán es un buen lugar para reconciliarnos con el gobierno de los EE.UU., tras la retirada de las tropas españolas en Iraq.

La segunda razón es participar en el reparto del pastel energético. No en vano, la justificación real de la intervención en suelo afgano es controlar el paso de oleoductos y gasoductos desde Asia Central hasta los puertos paquistaníes, con el fin de obtener otra fuente barata de suministro para la economía de Occidente.

Tal vez por esta causa el actual presidente de Afganistán y el enviado especial de EE.UU. a este país han sido ejecutivos de Unocal, una de las poderosísimas empresas estadounidenses de extracción y comercialización de petróleo. Asimismo la presencia de contingentes españoles y de otros países de la OTAN, así como de compañías militares privadas contratadas, libera al ejército estadounidense de una parte de las operaciones militares, permitiéndole concentrar su atención en Iraq.

Desde la Campaña "Por la paz: ¡no a la investigación militar! pedimos a la Universidad de Zaragoza que no siga colaborando con las instituciones militares y con la guerra. Pedimos que estos cursos hablen de la verdadera seguridad para la población civil. Una seguridad que se traduce en la protección contra la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito y la represión política. Protección que garantiza la participación de las personas en el diseño de una sociedad donde primen los derechos humanos y las posibilidades de elegir sin ningún tipo de exclusión.

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