CCOO contra la congelación salarial de funcionarios

Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña para informar de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato contra la congelación salarial de los empleados públicos que fue impuesta en 1997 por el Gobierno del PP. Miguel Morte, Secretario de acción Sindical de la Federación de Enseñanaza de CC.OO. en Aragón ha expuesto en Huesca la iniciativa.

Morte ha recordado que el 20 de septiembre de 1994, el entonces Gobierno del PSOE y los sindicatos firmaron un acuerdo que establecía que los salarios que percibieran los empleados públicos crecerían por encima del IPC en 1995, 1996 y 1997.

En este proceso, sin embargo, en el año 1997, el Gobierno posterior (del PP) impuso la congelación salarial de los funcionarios para ese año. La decisión fue recurrida por CCOO ante la Audiencia Nacional que, en enero del 2001, dio la razón al sindicato y obligó a la administración a negociar con los representantes de los empleados públicos los incrementos retributivos correspondientes a 1997 y a los años posteriores. El fallo de la Audiencia fue recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Supremo, que en 2002 anuló la sentencia de la Audiencia Nacional.

Entonces, CCOO elevó el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC), donde presentó un nuevo recurso.

Sin embargo, en enero de este año, el TC rechazó el recurso por entender que la decisión del Gobierno del PP estaba justificada, ya que tenía que reducir el gasto público para poder cumplir el Plan de Convergencia de la Unión Económica y Monetaria.

Nuevamente, CCOO volvió a recurrir, esta vez ante el Tribunal de Estrasburgo, donde alegó que, dada la tardanza del TC en emitir su auto (tres años), se ha violado el articulo 6 del convenio de Derechos Humanos que dice que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley".

Además, según la organización sindical, también se ha violentado el artículo 14 del convenio de Derechos Humanos, porque, "al imponer la congelación salarial sin negociarla, el Gobierno del PP discriminó a los empleados públicos y les negó el derecho a la negociación colectiva". Por último, a juicio de CCOO, el Gobierno del PP violó el derecho a la libertad sindical.

La respuesta del Tribunal de Estrasburgo se conocerá en el plazo aproximado de un año y la decisión será vinculante, ya que se trata de la última instancia ante la que CCOO puede recurrir. Para el sindicato, haber llegado al Tribunal de Estrasburgo supone un ejemplo de "firmeza, perseverancia, coherencia e independencia" en la defensa de los derechos de estos trabajadores.

Durante ese plazo de un años, aproximadamente el sindicato promoverá una campaña informativa para que al menos 500.000, de los más de 2,5 millones de funcionarios afectados en España, se personen como acusación particular en Estrasburgo, con la ayuda del servicio jurídico de CCOO, que se encargará de tramitar el proceso.

La campaña se ha iniciado en toda la comunidad autónoma para lograr la adhesión de los empleados públicos aragoneses, que son un total de 82.115, de los cuales 14.845 corresponden a Huesca.

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