Cartas al Director: La LOE, un no de izquierdas

Izquierda Unida de Huesca

La Ministra de Educación presentó, el 30 de marzo, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) que sustituirá a la LOGSE, LOPEG y LOCE. Desde I.U. de Huesca queremos provocar la reflexión sobre tres aspectos que nos parecen cruciales en estos momentos que el debate ha pasado también a la sociedad.

En primer lugar no se explicita un compromiso de apoyo a la escuela pública como vertebradora del sistema educativo. Para Izquierda Unida la principal responsabilidad de las administraciones educativas es contar con una red suficiente de centros públicos, capaz de escolarizar al conjunto de la población de todas las etapas educativas en condiciones de igualdad. La existencia de centros concertados sólo se justifica en el tiempo por la necesidad de ofrecer plazas gratuitas en la enseñanza obligatoria, cuando no es suficiente la oferta pública.

La lentitud o inexistencia de respuesta de la administración educativa para crear las plazas públicas necesarias fomenta que la iniciativa privada se apresure a cubrir el hueco, y justifique la petición de concierto como respuesta a una necesidad de escolarización no satisfecha por la red pública (la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil mediante los conciertos, se lleva el 20 % del monto global de recursos financieros).

Además en el Anteproyecto no se garantiza suficientemente que los centros concertados tengan las mismas condiciones de funcionamiento encuato a admisión de alumnado, selección de profesorado, participación, etc. que los centros públicos. Y nos parece escandaloso que se considere una ?falta leve?, a la hora de tipificar posibles incumplimientos del concierto, el de ?incumplir las normas de admisión de alumnos?.

En segundo lugar no se recoge el carácter laico que ha de tener el sistema educativo, como correlato lógico de la aconfesionalidad del Estado reconocida en la Constitución. El derecho a la formación religiosa y moral que recoge el artículo 27.3, no implica que ésta tenga que producirse en el ámbito escolar ni integrada en el marco curricular de la enseñanza obligatoria. Las distintas confesiones religiosas, conforme a sus acuerdos con el Estado, pueden recabar ayudas para que esta formación se produzca, pero no en el horario escolar destinado a la impartición del currículo.

En tercer lugar el asunto de la financiación. El incremento de gasto planteado por el MEC para el año 2010, respecto al 2005, supone sólo un 0?22 % del PIB; esto nos situaría en 4?72 %, muy inferior a la cantidad invertida en 1993 (4?9 %) y a la media de la Unión Europea (5?2 %). Una forma de superar el atraso histórico en infraestructuras educativas es contemplar una inversión en educación que alcance el

7 % del PIB. Esta propuesta ha sido aprobada en el Pleno del Consejo Escolar del Estado (órgano consultivo).

Debemos señalar algunas ausencias notables en las actuaciones presupuestarias señaladas:

a) Faltan partidas presupuestarias para gran parte de las actuaciones de Equidad contempladas en el Anteproyecto: atención a la inmigración, desdobles, reducción de ratios, etc.

b) Faltan partidas específicas de inversión en plazas públicas, sobre todo en educación infantil, formación profesional y tejido educativo público en los nuevos desarrollos urbanísticos.

c) No hay partidas específicas para formación permanente del profesorado, licencias por estudio, etc.

d) No hay partidas para sufragar la apertura de centros públicos fuera del horario escolar, para bibliotecas, estudio asistido, actividades y personal de apoyo que permita llevarlas a cabo.

e) Faltan partidas verdaderamente reconocedoras de la importancia de la función docente (reducción lectiva a mayores de 55 años, horas de tutoría, mecanismos de promoción, jubilación voluntaria incentivada ...)

f) Faltan partidas que sustenten un nuevo modelo de formación inicial.

Necesariamente la LOE debe ir acompañada de una Ley de Financiación que garantice su aplicación, en un Titulo específico, que establezca criterios e indicadores objetivos sobre las prioridades de gasto y evaluación de necesidades, cofinanciando las actuaciones (administración Central - Comunidades Autónomas) basándose en la compensación interterritorial.

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