Cartas al Director: manifiesto en defensa de la escuela pública ante la tramitación de la L.O.E.

CGT, HUSTE-STEA, CHA, IU.

Las organizaciones convocantes de esta concentración: CGT (Confederación General del Trabajo), CHA (Chunta Aragonesista), IU (Izquierda Unida), STEA-HUSTE (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón), ante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) nos dirigimos al conjunto de la sociedad, para hacerles llegar nuestra opinión compartida sobre esta ley y los aspectos más importantes, que pedimos se modifiquen o/y que se incluyan en el redactado final de la nueva ley para dotar a nuestro sistema educativo público de los medios que necesita para conseguir el tipo de escuela que demandamos.

Entendemos que el derecho a la educación debe ser garantizado por los poderes públicos, por lo que consideramos que las distintas administraciones tienen la obligación de construir los centros públicos necesarios para que este derecho sea una realidad en todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de la Educación Infantil y acabando definitivamente con las aulas y los centros precarios para dar, en definitiva, la oportunidad a todos de tener una educación pública, laica, financiada dignamente y garante de igualdad.

La educación pública, la que está en todos los pueblos, ciudades y barrios; y a la que acude la mayoría del alumnado de todo el Estado, hace de la etapa de escolarización un periodo de convivencia entre estudiantes, con los iguales y con los distintos. Es una etapa que contribuye, con esta convivencia, al mejor desarrollo democrático de una sociedad que cada día es más diversa, más múltiple, más plural. Esta educación es la que deben potenciar los poderes públicos, que no deben, como pretende el proyecto de LOE, financiar la enseñanza privada. La educación pública, la de todos y todas, necesita el apoyo y la atención prioritaria del conjunto de las administraciones educativas, por lo que demandamos que en la nueva Ley se refleje claramente este apoyo.

La educación pública que queremos debe ser una educación que nos prepare para la vida, debe ser una educación de calidad y la ley debe contemplar medidas que contribuyan de forma clara a conseguirlo. Exigimos que se reduzca el número de alumnos por clase, para que los problemas puedan detectarse y corregirse desde el primer momento que se observan en cada aula, con el personal especializado correspondiente. La ley tiene que contemplar que en las plantillas de los centros públicos figure personal auxiliar en todas las aulas de educación infantil, trabajadores sociales en los centros de primaria y secundaria, de tal forma que se facilite la integración de todos en la vida de los centros.

Las administraciones educativas deben aplicar medidas tendentes a compensar las desigualdades existentes en los centros en virtud de la procedencia socioeconómica del alumnado, ir mejorando la calidad de la enseñanza que éste recibe, pero deben evitarse mecanismos que pretendan diagnosticar la calidad de la enseñanza que se imparte en cada centro con pruebas estandarizadas y externas que lo único que pueden conseguir es llevar a la comparación pública de lo que no se puede y no se debe comparar.

El profesorado, uno de los elementos fundamentales del proceso educativo, debe sentir el apoyo de las administraciones educativas y de la comunidad educativa a su tarea; la nueva ley debe elevar su formación inicial y permanente, reconociéndose la importancia de la labor tutorial, que es inherente a la tarea de enseñar, propiciando tiempos para su relación con el alumnado y con su familia; y consiguiendo la estabilidad en el trabajo de los profesores y profesoras como la mejor forma de conseguir unas plantillas estables que redunden en un mejor funcionamiento de los centros.

La cultura de la participación en la gestión democrática de los centros públicos, que está muy arraigada en los distintos sectores de la comunidad educativa, debe recuperarse con la nueva ley. El profesorado, el alumnado, las madres y los padres, cada uno con su responsabilidad y con la responsabilidad conjunta compartida en el Consejo Escolar del Centro deben gozar de un grado de autonomía que les permita elegir a la persona que dirige el centro y al resto del equipo directivo. Esta cultura de la participación también exige que el profesorado tenga la capacidad de elegir democráticamente los órganos de coordinación de ciclos y departamentos didácticos. Exige que los estudiantes tengan plenos derechos de reunión, manifestación y huelga. Esta cultura exige también que las administraciones desarrollen programas que propicien y faciliten la participación del alumnado y de los padres y madres en la vida del centro.

Para conseguir una educación de calidad necesitamos una dotación de medios humanos y materiales en los centros públicos que impidan la masificación de las aulas, que propicien la educación personalizada, que, en definitiva, impulsen la motivación del alumnado, haciendo que su esfuerzo obtenga los resultados deseados. La evaluación de este proceso debe ser continua y alejada de reválidas y pruebas de selectividad, que vienen a distorsionar tanto los objetivos a conseguir como la realización del proceso continuo de aprendizaje.

Los valores compartidos por el conjunto de la sociedad y relejados en los distintos acuerdos internacionales, como la Declaración de los Derechos del Niño o la Declaración de los Derechos Humanos, deben impregnar el proceso educativo en todas la áreas o materias, respetándose el derecho del alumnado a no ser adoctrinado, a no ser manipulado en su paso por la escuela, por lo que exigimos que la enseñanza de las religiones confesionales no tenga cabida dentro del currículo escolar: las religiones confesionales deben salir de las escuelas e institutos. Planteamos, en resumen, que se fomente la educación en valores en todas las materias para formar personas críticas, solidarias, respetuosas con la diversidad y con capacidad de decidir pos sí mismas.

La inversión que se destina a la educación, en relación al porcentaje del PIB ha estado históricamente, y sigue estando, por debajo de la media de los países de nuestra área, con lo que las infraestructuras existentes son insuficientes para desarrollar el tipo de educación que la ciudadanía demanda y que necesita. La financiación de la educación que se contempla en la Memoria Económica que acompaña a la LOE es claramente insuficiente, pues representa poco más del 0?2 % del PIB y, caso de aplicarse completa nos mantendrá en los próximos años muy por debajo del porcentaje medio que dedican a la enseñanza los países con los que constantemente se nos compara. Exigimos que se elabore una Ley de Financiación que garantice que la educación pública dispondrá de las inversiones necesarias para superar los déficits históricos hasta llegar al 7% del PIB.

Las organizaciones que convocamos esta concentración hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se movilice en defensa de la educación pública, laica, financiada dignamente y garante de igualdad.

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