nuevo libro-estudio sobre discapacidad y empleo

Se trata de un estudio, único hasta el momento en Aragón, realizado por el INAEM y la CAI, en el que se analiza la relación de los discapacitados con el mercado laboral. Además, se hace un exhaustivo diagnóstico de los principales problemas, dificultades y carencias que tiene este colectivo a la hora de incorporarse al mundo laboral. Este estudio analiza y da a conocer la realidad de los casi 70.000 discapacitados que hay en Aragón.

Conclusiones

Todas las personas con discapacidad pueden desarrollar un trabajo siempre que el puesto de trabajo que ocupen esté adaptado a su discapacidad.

Todavía existe una percepción social estigmatizada del colectivo de discapacitados; esta imagen es excluyente para muchos trabajos.

El nivel de formación de las personas con discapacidad es muy bajo. La mayoría dispone de estudios primarios y pocos de estudios superiores.

El tipo de discapacidad es determinante para medir las posibilidades de inserción laboral. En último lugar se encuentran las personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental.

Los Centros Especiales de Empleo actúan más como ámbito de protección y de separación del colectivo que como elemento integrador y puente hacia el mercado de trabajo ordinario.

Los Centros Especiales de Empleo cumplen una función social incuestionable integrando a personas con discapacidad que no tendrían posibilidad de incorporarse al mundo laboral

Necesidad de orientar recursos hacia el empleo con apoyo como fórmula de acceso a la empresa ordinaria.

En la actualidad la empresa ordinaria sigue sin acoger de manera clara y sin prejuicios a los trabajadores que tienen una discapacidad.

El sentimiento de los empleadores dentro de la empresa ordinaria se mueve entre el temor a lo desconocido y la satisfacción de quienes tuvieron experiencias de integración de discapacitados en sus plantillas.

Cuando el empleador está concienciado encuentra dificultades para encontrar trabajadores discapacitados que se amolden a sus necesidades.

La Administración está obligada legal y moralmente a dar ejemplo reservando un cupo no inferior al 3% de la oferta de empleo público a las personas con discapacidad.

Las nuevas tecnologías permiten una evolución positiva en la relación de las personas discapacitadas con el mercado de trabajo: adaptación de puestos, teletrabajo, etc.

El contexto socio familiar juega un papel importante en la vida laboral de la persona discapacitada. El papel sobreprotector de la familia excluye al discapacitado del mercado de trabajo.

Doble cara del certificado de minusvalía. Por un lado es elemento identificador del discapacitado y puerta hacia las medidas de discriminación positiva, y por otro puede convertirse en elemento de discriminación frente a actitudes de quienes ven al discapacitado con recelo y prejuicios.

Otro de los apartados interesantes del estudio ?Discapacidad y Empleo? elaborado por el Instituto Aragonés de Empleo y la CAI hace referencia a las recomendaciones.

Incrementar las acciones divulgativas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general y a las empresas en particular.

Superar los estereotipos por parte de todos los agentes implicados: sociedad, empleador, administración, familias, asociaciones y las personas con discapacidad.

Reforzar desde la administración procesos que posibiliten un acercamiento entre las características de la oferta y la demanda de mano de obra de personas con discapacidad y propiciar su acceso a la formación académica y laboral.

Impulsar mecanismos para hacer cumplir la Ley en materia de contratación de discapacitados: 2% de cuota de reserva en empresas de más de 50 trabajadores.

Impulsar el empleo con apoyo y los enclaves laborales como fórmulas intermedias hacia la plena integración laboral de las personas con discapacidad.

Seguir contando con las entidades representativas del sector de la discapacidad en el diseño de políticas para la plena integración laboral del colectivo.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, ha aprobado recientemente una orden que establece el procedimiento a seguir por las empresas para cumplir con las obligaciones legales en materia de integración laboral de las personas con discapacidad. La regulación autonómica de esta cuestión se enmarca dentro de la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento de Aragón. Ya en esta misma línea el Instituto Aragonés de Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vienen colaborando en el presente año en una campaña de información y visitas a empresas con el objeto de impulsar el cumplimiento de las obligaciones de reserva del 2% de la plantilla, en empresas con más de 50 trabajadores, a trabajadores con discapacidad o, en su defecto, de las medidas alternativas a dicho cumplimiento previstas por la normativa vigente.

De esta forma, cuando no se incorporen trabajadores con discapacidad a la empresa obligada debido a la imposibilidad del Instituto Aragonés de Empleo de atender la oferta de empleo presentada por dicha empresa por inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada, así como cuando existan, y así se acrediten por la empresa obligada, cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa, dicha empresa podrá solicitar al Instituto Aragonés de Empleo la aplicación de alguna de las siguientes medidas alternativas:

a) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.

b) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

c) Realización de donaciones y de acciones de patrocinio a favor de una fundación o una asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor de las personas con discapacidad.

d) La constitución de un enclave laboral dentro de las instalaciones de la empresa, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo.

El Gobierno de Aragón ha destinado en 2005 casi ocho millones de euros a iniciativas de políticas activas de empleo dirigidas al colectivo de discapacitados. Estas políticas van dirigidas al fomento del empleo protegido a través de Centros Especiales de Empleo; el fomento del empleo ordinario a través de subvenciones a la contratación indefinida o temporal; y el fomento de iniciativas emprendedoras de este colectivo a través de subvenciones a cooperativas y sociedades laborales limitadas que incorporen socios trabajadores discapacitados.

Coincidiendo con la publicación de la Orden citada, el Instituto Aragonés de Empleo, dentro del Portal del Gobierno de Aragón www.aragon.es, estrena un nuevo apartado que, bajo el título de Discapacidad y empleo, engloba toda la información en esta materia: obligaciones legales de las empresas en materia de integración laboral de personas con discapacidad, formularios e impresos, modalidades de contratación laboral específicas para este colectivo, ayudas y subvenciones para favorecer su empleo, datos estadísticos, normativa aplicable y direcciones de interés.

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