El Sindicato de Estudiantes, STES y CGT se movilizan este miércoles contra la LOE y el acuerdo con la concertada

El Sindicato de Estudiantes (SE), las organizaciones de trabajadores STES y CGT y otras vuelven este miércoles a la calle contra la reforma educativa y los acuerdos del Gobierno con la enseñanza concertada religiosa, que consideran ?una de las mayores agresiones? a la escuela pública de los últimos veinte años.

Ya el 15 de diciembre, el Pleno del Congreso votará y aprobará previsiblemente el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que luego debatirá el Senado.

El SE, que ya se movilizó el 8 de noviembre, ha convocado una huelga en los institutos de Secundaria, paros en la universidad pública y una treintena de manifestaciones por la mañana en ciudades como Madrid (hasta el Ministerio de Educación y Ciencia), Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Santiago de Compostela.

Con el apoyo del SE, los sindicatos STES y la CGT han organizado una jornada de lucha del profesorado y concentraciones por la tarde, entre ellas, en Madrid, una delante del Ministerio de Educación y Ciencia.

Reclaman atención prioritaria a la educación pública, laica y 'garante de convivencia e igualdad' en una sociedad cada día más diversa, más múltiple y más plural.

Denuncian que los acuerdos con los centros privados católicos aumentan 'escandalosamente' la cuantía económica de los conciertos educativos y vuelven a dejar 'totalmente abierta' la selección 'ilegal' del alumnado. En contraposición, exigen una Ley de Financiación que garantice que el gasto en la educación pública llegue al 7 por ciento del PIB.

Demandan la construcción de los centros públicos necesarios para que el derecho a la educación sea una realidad desde el primer ciclo de Educación Infantil. Defienden una gestión más democrática de los centros, con mayor participación de profesores, padres y alumnos y que éstos últimos tengan 'plenos derechos de reunión, manifestación y huelga 'Para la calidad, exigen que se reduzca el número de alumnos por aula, para que los problemas de aprendizaje puedan corregirse desde pronto con personal especializado. Son contrarios a pruebas estandarizadas externas a los centros, reválidas y selectividad y a los itinerarios diferenciados a los 15 años por 'discriminatorios'. La nueva ley, opinan, debería elevar la formación inicial y permanente del profesorado, garantizar la estabilidad laboral, el reconocimiento de la tutoría y asegurar que los interinos con experiencia demostrada puedan acceder a ser funcionarios.

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