El Juzgado obliga a pagar al ayuntamiento Monzón a los vecinos de la Carrasca por Magdalenas Heras

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ha dictado Sentencia por la que obliga al Ayuntamiento a pagar 2.450 euros a varios vecinos del Barrio de La Carrasca como consecuencia de la inactividad municipal en relación con el funcionamiento de la fábrica de magdalenas sita en el citado barrio. Cabe recordar que en la actualidad se está sustanciando en el mismo juzgado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la propiedad contra el Ayuntamiento ante el Decreto de cierre cautelar dictado por el consistorio hace ya unos meses, por lo que la decisión final del juzgado al respecto está también próxima.

En la sentencia ahora conocida, consecuencia de la reclamación de varios vecinos del barrio, cifrada en 120.000 Euros, en la que alegaban perjuicios y molestias sufridas por el funcionamiento de la fábrica, y la consiguiente inactividad del Ayuntamiento en los últimos 15 años, al que acusan de haberlo permitido, el juzgado ha cifrado esos daños en 2.450 euros.

El Juzgado afirma en su sentencia que ?la Administración, a pesar de la compleja situación socioeconómica y jurídica existente, debió adoptar algún tipo de medida dirigida a su evitación, ya que, ciertamente, no existe el deber jurídico de soportar tales excesos de contaminación acústica, lo que era denunciado desde antiguo según consta en diversos escritos...?. Si bien también subraya que ?debe decirse que la actuación municipal no ha sido idéntica siempre, ya que, a partir de un determinado momento, la Corporación ha emprendido una actuación en línea con las solicitudes obrantes en el expediente administrativo?, refiriéndose a los intentos de legalización de la actividad por parte del Ayuntamiento que terminaron con el Decreto de cierre cautelar dictado por el consistorio.

Fuentes municipales han manifestado al respecto que ?son tres aspectos los que hay que considerar en este punto: en primer lugar, que si bien el juzgado declara que ha habido algo de inactividad municipal ante los perjuicios sufridos por los vecinos en estos años, no menos cierto es que reconoce expresamente que a partir de un determinado momento ?que coincide con el cambio de corporación- se ha emprendido una línea firme de actuación; en segundo lugar, que los daños reconocidos por el juzgado son muy inferiores a los reclamados por los vecinos, pues pedían 120.000 Euros y se les ha acabado reconociendo 2.450; y, en tercer lugar, es de esperar que la próxima sentencia respecto del decreto de cierre cautelar, en buena lógica, respalde la posición del Ayuntamiento, puesto que mal se entendería que, por un lado, se le haga responsable por no haber actuado antes contra una fábrica que provocaba molestias en el barrio, y, por otro, cuando actúa para poner fin a esa situación siguiendo el procedimiento legalmente establecido, no se le dé la razón?.

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