Cartas al Director: “ Una mala ley”

Cartas al Director: “ Una mala ley”

Ana Grande

Diputada Autonómica del Partido Popular y Portavoz de Educación y Cultura

Hace escasos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado el texto definitivo de la Ley Orgánica de Educación, la Ley educativa que menor apoyo parlamentario ha concitado en la historia de nuestra democracia. Lejos del prometido consenso, ha sido respaldada tan solo por el 51 por ciento de los votos del Congreso de los Diputados; en su tramitación, la ausencia de acuerdos básicos ha sido una constante. Basta recordar que provocó una de las manifestaciones más masivas de la historia de nuestra democracia, en la que participaron cerca de un millón y medio de familias para mostrar su rechazo a una ley que disminuye sus libertades educativas, rebaja la calidad, no combate con eficacia el fracaso escolar y provoca la desvertebración del sistema educativo español. Una ley, en definitiva, que se ha elaborado de espaldas a la comunidad educativa, que ha sido presidida por un falso diálogo y por el engaño al que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Zapatero. Ha sido la triste culminación de un texto que nació con la actitud sectaria de paralizar la Ley de Calidad del Partido popular —como demuestra el hecho insólito utilizado por el Partido Socialista de paralizar una ley Orgánica mediante un Real Decreto—, y que acaba con el cese de la Ministra el mismo día de su aprobación, circunstancia que dice mucho de las bondades de la Ley del Partido Socialista.

En definitiva, la nueva norma socialista se ha empeñado en sacar adelante una ley que además de sectaria es mala: si el objetivo de toda ley educativa es servir a la formación académica de los jóvenes, la LOE no sólo supone una renuncia expresa a ello, sino que el Gobierno de Zapatero, apoyado por sus socios parlamentarios de ERC e IU, ha culminado con éxito su propósito de tener una ley educativa a su imagen y semejanza ideológica, por lo que su fracaso está asegurado. La nueva ley está plagada de los tópicos del progresismo más vacuo. Le falta realismo sobre las condiciones de la educación que hoy en día debe recibir un joven, mucho más exigente de lo que le ofrece la reforma socialista; relega la transmisión de los conocimientos para anteponer una abstracta formación cívica del alumno; se inculcan la ausencia de obligaciones académicas, la inutilidad del esfuerzo y la ineficacia del estudio, ya que suspender no constituye, en última instancia, un obstáculo para pasar de curso. E incluso se legalizan los “novillos” colectivos, realizados por menores, como un absurdo ejercicio del derecho de reunión.

En un plano más político, la ley reduce la libertad de elección de centro y deja en manos de las administraciones públicas la oferta de plazas en centros concertados, a conveniencia de las que existan en los centros públicos. Se imparte una asignatura, Educación para la Ciudadanía, de claro adoctrinamiento político. El Estado no se reserva mecanismos para dotar al sistema de unos conocimientos comunes y que garanticen la conservación de un sentimiento general de pertenencia cultural, social e histórica de España, lo que supone desvertebrar el sistema educativo para dar paso a “otros 17 diferentes”.

Es comprensible que padres y profesores hayan mostrado su oposición a una ley que es incoherente con la importancia teórica que tiene la enseñanza pública para el Gobierno socialista. La escuela pública fue la más perjudicada del modelo de la LOGSE, ha sido la que más ha sufrido la crisis que padece nuestra educación, y la LOE no corrige esta situación, ya que es la heredera casi clónica de la añorada ley socialista. En un tiempo en el que hay que hacer frente a la expansión de la violencia escolar, al aumento del consumo de drogas y alcohol, al incremento del fracaso académico, a la pobre situación comparativa de España respecto de los demás países europeos, a la desmotivación del profesorado y la desorientación de la familia ante los problemas de los hijos, la nueva ley socialista ha apostado por embarcar al sistema educativo en una nueva etapa de inestabilidad y decadencia. El partido Popular no se resigna a la situación creada por la LOE, ya que supone un retroceso educativo incuestionable. Por esta razón, con un verdadero sentido de responsabilidad política, promoveremos todas las medidas y reformas orientadas a mejorar la calidad del sistema educativo, a ampliar la libertad de elección de centro que asiste a las familias, a elevar el nivel de conocimientos de los alumnos y a asegurar las mismas oportunidades a todos, cualquiera que sea su lugar de procedencia. Defenderemos la unidad básica del sistema educativo español, la recuperación de la consideración social del profesorado. Destinaremos nuestro trabajo a fortalecer la escuela pública, a impulsar un plan de choque contra el fracaso escolar, a establecer especiales apoyos a la escuela rural y a los centros que escolarizan alumnado de especial dificultad. Son compromisos irrenunciables del Partido Popular, necesarios para enmendar los fracasos contrastados del sistema educativo de la etapa socialista., que da pruebas, una vez más, de una falta de responsabilidad política ilimitada con su nueva norma , ya que es patente su incapacidad de dotar al sistema educativo español de aquellas medidas que éste demanda y requiere.