Apoyo incondicional del Gobierno de Aragón al proyecto de Ley del Suelo estatal

El Gobierno de Aragón manifiesta su criterio favorable a la nueva iniciativa legislativa estatal sobre las políticas de suelo y vivienda (Ley del Suelo) aprobada en Consejo de Gobierno, “valiente en sus objetivos, imaginativa en sus planteamientos, respetuosa con las competencias de nuestra Comunidad y sus municipios y plenamente coincidente, en fondo y forma, con los presupuestos y fines del Proyecto de Ley de Urbanismo en tramitación en Aragón”

De hecho, el Gobierno de Aragón viene impulsando enérgicamente, desde 1999, actuaciones de nuevas políticas de suelo y vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. En este sentido, ha sido intensa la actividad desarrollada en materia de vivienda, puntera en todo el territorio nacional hasta el punto de servir como modelo asumido por el Ministerio de Vivienda.

En materia urbanística, desde el respeto a las instituciones de gobierno local pero desde la conciencia y responsabilidad que las competencias autonómicas tienen, el Gobierno de Aragón viene impulsando políticas de concertación del planeamiento general, fruto de la confluencia de voluntades municipal y autonómica, con objeto de garantizar procesos sostenibles de ocupación del territorio. Desde esta perspectiva, no obstante, Aragón no es ajeno a la presión provocada por el modelo pretendidamente liberalizador instaurado en España mediante la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

Dicha norma -en opinión del Gobierno de Aragón- no ha alcanzado sus objetivos, poniendo de manifiesto que la aplicación al urbanismo de la teoría económica (a más oferta menor precio) no surte efectos en un mercado tan peculiar como el inmobiliario, donde confluyen consumo e inversión en el ánimo de los adquirentes.

Por ello, el Gobierno de Aragón, consciente de la necesidad de adoptar medidas adecuadas a la situación actual de la Comunidad aprobó y remitió a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Urbanismo, actualmente en tramitación. Al mismo se une ahora el Proyecto de nueva Ley estatal de suelo, ampliamente debatido por representantes del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Vivienda y del todo coincidente, desde un punto de vista técnico y finalista, con las políticas que vienen impulsándose en Aragón y que plantea consolidar y potenciar el Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón.

El Gobierno de Aragón, por ello, manifiesta su firme voluntad de intensificar la colaboración con el Gobierno de la Nación en la renovación de las políticas urbanísticas y de vivienda sobre unas nuevas bases que pongan al ciudadano como referente fundamental y que quiebren una situación, como la actual, en la que existen muy notables dificultades de acceso a un bien de primera necesidad cual es la vivienda. El Gobierno de Aragón, en suma, se felicita de que las instituciones centrales del Estado coadyuven desde sus competencias a las políticas que vienen impulsando Comunidades como la aragonesa sobre la base de los principios que inspiran los Proyectos de Ley estatal de suelo y aragonesa de urbanismo. Entre ellos deben destacarse los siguientes:

1) Ejercer en plenitud y de forma responsable las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio mediante la exigencia de planes territoriales supramunicipales, que fijen criterios, orientaciones y límites razonables, tanto cuantitativos como de localización, al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal; preserven del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico o de otra índole que los convierten en señas de identidad de cada zona, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro; aseguren los compromisos de las diversas administraciones competentes con las infraestructuras -de comunicaciones, ciclo del agua, energía, residuos urbanos y medio ambiente- , los servicios y las dotaciones imprescindibles para que el crecimiento urbanístico contribuya a mejorar el bienestar de la población y promuevan el equilibrio territorial, para evitar que las ciudades integradas en el mismo sistema urbano compitan deslealmente unas con otras. No se trata de quien crece más, de qué municipio ofrece mejores condiciones al promotor (y por tanto menos ventajosas desde la perspectiva del interés general) sino de donde se vive mejor.

2) Aumentar la transparencia y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre el desarrollo de su territorio. Debe establecerse la obligación de someter a información pública y de publicar todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluido el texto íntegro de los convenios urbanísticos, exigiéndose un resumen ejecutivo sencillo y claro de los planes de ordenación urbanística que los ciudadanos puedan entender y saber en qué les afecta.

3) Evitar la clasificación o retención especulativa del suelo. El planeamiento debe nacer de las necesidades ciudadanas, responder a ellas y satisfacerlas plenamente. No debe planificarse en función de la propiedad del suelo ordenado no cabe afrontar procesos de planificación a la carta .

4) Asegurar los requisitos mínimos de un desarrollo urbano sostenible, reforzando la evaluación ambiental de los nuevos desarrollos urbanísticos. Además, debe favorecerse la cohesión social de ciudades y barrios asegurando que la vivienda protegida se distribuya de la forma más homogénea posible sobre el territorio.

5) Garantizar la disponibilidad de suelo para la vivienda protegida necesaria estableciendo reservas mínimas de suelo residencial para vivienda protegida en línea con lo ya previsto en Aragón conforme a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes sobre vivienda protegida. El Proyecto de Ley de Suelo establece una reserva mínima del 25 % del suelo residencial para vivienda protegida, modulable por las CCAA, y aumento de la horquilla para la participación de la comunidad en las plusvalías, que se fija entre el 5 y el 15 % del total atribuido a la propiedad.

6) Conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo fomentando la competencia entre la iniciativa privada pero estableciendo garantías básicas que hagan prevalecer el interés general sobre el particular y, en cualquier caso, que no se puedan cometer abusos a costa de los propietarios.

7) Valoración de los terrenos por lo que son y no por lo que podrían ser en el futuro. La valoración del suelo no debe depender de lo que el planeamiento diga que se puede hacer con él sino de lo que se haya hecho. No deben valorarse expectativas sino inversiones ejecutadas. Sólo sobre la base de este nuevo sistema de valoraciones, incorporado al Proyecto de Ley estatal de Suelo, podrán afrontarse procesos públicos de gestión urbanística que den respuesta adecuada a las necesidades de vivienda protegida.

8) Mejora de la regulación para asegurar que el suelo con destino a patrimonio público cumpla efectivamente su función social.