Para APUDEPA el proyecto de la rehabilitación de la estación de Canfranc, no se ajusta a la Ley de Patrimonio

APUDEPA, la asociación de acción pública para la defensa del patrimonio aragonés, no está de acuerdo con el proyecto de rehabilitación de la Estación Internacional, ya que incumple la Ley de Patrimonio, al ser un Bien de Interés Cultural y destruye los valores arquitectónicos de este emblemático edificio.

Dado que se trata de un Bien de Interés Cultural, el proyecto incurre en gravísimas contradicciones con las leyes de Patrimonio Cultural Aragonés y Patrimonio Histórico Español, que impiden toda actuación que no sea la de restauración de la edificación existente.

El proyecto contempla la destrucción de la característica cubierta actual, sustituyéndola por otra de forma y volumen diferente (entre 1’5 y 4 metros más alta) creando una cubierta absolutamente desproporcionada (7,5 m) en relación al resto del alzado (8,2 m).

Se pierde la sección actual amansardada, que pasa a se abovedada, modificando la característica imagen de la Estación y destruyendo los importantes valores arquitectónicos del edificio.

Se abren al edificio 365 nuevas ventanas, se destruye completamente la estructura metálica de la cubierta, que se encuentra en perfecto estado y, a decir de uno de los mayores expertos en la Estación, el arquitecto Ezequiel Usón, “constituye un ejemplo interesantísimo para entender la evolución de las formas estructurales en el siglo XIX y principios del XX”. Se elimina el material que en mayor medida ofrece la característica y hermosísima imagen de la Estación de Canfranc: la pizarra, que es sustituida, injustificablemente, por cinc.

APUDEPA señala que no es cierto que estas actuaciones sean necesarias para el mantenimiento de la Estación ni para su conversión en hotel. Existe la posibilidad técnica, como ha demostrado el arquitecto legítimamente ganador del proyecto, don Ezequiel Usón, de devolver la salud al edificio sin alterar sus valores artísticos consustanciales.

APUDEPA finaliza diciendo que la Diputación General debe explicar por qué, contra la ley, prefiere gastar el doble de dinero (14 millones de euros frente a los 6 del proyecto de Usón) para, además de modificar su uso, mutilar esta muestra incomparable de la arquitectura ferroviaria mundial.