El Gobierno de Aragón presenta ante el Tribunal Constitucional recurso contra el Estatuto de Cataluña

Tribunal Constitucional

El Gobierno de Aragón, a través de sus Servicios Jurídicos, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto de Cataluña. De esta manera se cumple el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre. En concreto se pide la declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional decimotercera de dicha norma.

En ella se establece que “los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de fondos comunes con otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat deberá colaborar en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón con las demás Comunidades Autónomas que tienen fondos compartidos en el mismo y con el Estado a través de los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo”.

Por otro lado, el artículo 127 del mismo Estatuto estipula que la Generalitat de Cataluña ostenta la competencia exclusiva en materia de archivos que no son de titularidad estatal, lo que “incluye en todo caso la creación, la gestión, la protección y el establecimiento del régimen jurídico de los centros que integran el sistema de archivos” (artículo 127.1.c, apartado primero), así como el establecimiento del régimen jurídico de los bienes documentales bibliográficos&depositados en los mismos (artículo 127.1.c, apartado segundo).

Teniendo en cuenta estos contenidos del Estatuto de Cataluña, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón entienden que la norma catalana afecta al propio ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto que modifica competencias del Estatuto aragonés al margen del procedimiento previsto para ello. Esto incumple el artículo 147 de la Constitución Española, que remite a los propios Estatutos la regulación de procedimiento para reformarlos.

Este argumento se basa en que, a través del Estatuto de Cataluña, la Generalitat se arroga la competencia exclusiva para la gestión y determinación del régimen jurídico de determinados fondos situados en el archivo de la Corona de Aragón, lo que supone una limitación o exclusión de las competencias que sobre dichos fondos ostenta Aragón. En la práctica se trata una modificación de la disposición adicional primera del Estatuto aragonés (que atribuye a Aragón la competencia para participar en la gestión del archivo de la Corona junto con otras comunidades autónomas) al margen de los cauces previstos para ello. Es decir, si el Estatuto de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencias para participar en la gestión de los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, el Estatuto de Cataluña no es norma hábil para excluir, limitar o variar dicha competencia.

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