El juez acepta el procedimiento concursal para Meflur

El Juzgado de lo Mercantil de Huesca ha hecho pública su decisión de aceptar el procedimiento concursal (suspensión de pagos) solicitado por dos sociedades del Grupo Meflur, que tiene su sede en Monzón, ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos financieros acumulados.

Según informaron fuentes judiciales el auto del juzgado resuelve a favor de la petición hecha por la Corporación Grupo Meflur y Meflur Xtreme Tech, del sector de las telecomunicaciones, tras valorar la documentación sobre la situación económica de ambas empresas que aportaron sus representantes legales.

Las fuentes destacaron que el procedimiento concursal paralizará cualquier iniciativa de los acreedores de las empresas intervenidas para reclamar judicialmente y abrirá un periodo de negociación para determinar su viabilidad futura. El procedimiento concursal podría culminar en un convenio con los acreedores para un pago negociado de la deuda, que incluiría un plan de viabilidad para ambas sociedades o en una declaración de quiebra que conllevaría su liquidación.

Esta suspensión de pagos se tramitará en paralelo a la instrucción de la querella interpuesta por la Fiscalía de Huesca, a instancias de la Agencia Tributaria, contra el gerente del Grupo Meflur, Bernabé Noya, por un presunto fraude fiscal de 60 millones de euros.

Esta querella fue remitida la semana pasada a la Audiencia Nacional, tras resolver la Audiencia de Huesca a favor de la decisión adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Monzón, que instruye el caso, de inhibirse al apreciar que el ámbito territorial de la investigación excede sus límites de actuación.

Los trabajadores del grupo Meflur, una de las empresas más importantes de Aragón por su facturación, que el año pasado fue de unos 450 millones de euros, han convocado una manifestación para el 1 de diciembre, en Monzón (Huesca), en defensa de sus puestos de trabajo y en contra del proceso seguido por la Agencia Tributaria.

Tanto la dirección del grupo como los trabajadores aseguran que la intervención judicial está motivada "única y exclusivamente" por la decisión de la Agencia Tributaria de retener las devoluciones de IVA de los ejercicios de 2001 a 2004, alrededor de 14 millones de euros.

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