Cartas al Director: La privatización del Servicio de Extinción de Incendios en Aragón

Durante los últimos años, con la política que el  Gobierno de Aragón desarrolla en su departamento de Medio Ambiente, hemos asistido a un enorme vaciado de su contenido y funciones. La situación creada es grave, por cuanto se cuenta con pocos medios de actuación.

La creación del INAGA y SODEMASA ha supuesto "delegar" importantes funciones administrativas que deberían estar claramente bajo control de la administración responsable.

Sin embargo, parece que todo este proceso todavía no se da por acabado y se continúa desde los partidos políticos que sustentan el Gobierno Aragonés dando nuevos pasos en una línea totalmente equivocada.

La última, la aprobación de la enmienda al artículo 86.2 del borrador de la Ley de Montes de Aragón que se está debatiendo en las cortes aragonesas, por la que se inicia una clara privatización de la dirección técnica del servicio de extinción de incendios es, para Ecologistas en Acción, de una enorme gravedad. El servicio que se venía desarrollando por personal del propio Departamento, no puede pasar a manos privadas, porque estaríamos provocando que uno de los mayores problemas medioambientales, los incendios forestales, diera un beneficio económico directo a las personas encargadas de su extinción.

El Gobierno aragonés que publícamele alaba su política de extinción de incendios, debe pensar que no tiene nada que ver en ello el trabajo de los actuales responsables, desde los que desarrollan la dirección técnica hasta las brigadas repartidas por toda la geografía aragonesa. Por el contrario, para Ecologistas en Acción, el departamento está lleno de buenos profesionales, constituyendo el gran problema de la actual

Consejería de Medio Ambiente la política que están llevando a cabo sus dirigentes, principalmente, su consejero, Alfredo Boné. Pasos como éste no son más que un claro ejemplo de esto último. Si el servicio funciona correctamente en la actualidad, para qué abrir la puerta a un sistema privado, que no sabemos cómo va a responder.

Para Ecologistas en Acción, al contrario de lo que se está produciendo, los responsables del Gobierno de Aragonés deberían dar todo tipo de apoyo a sus técnicos y APNs en el trabajo que están desarrollando en la conservación del patrimonio natural aragonés. Así, tal como se ha aprobado en la reciente Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, celebrada en Zarauzt, la Consejería de Medio Ambiente debería tener en cuenta lo recogido en la última reforma de la Ley de Montes estatal y en la Ley de Enjuiciamento Criminal que reconocen expresamente el carácter de policía judicial de los Agentes de Protección de la Naturaleza, dotándoles de los medios y formación necesarios para cumplir esta función.

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