Asociaciones de ecologistas manifiestan su desconcierto ante las declaraciones de Arguilé

Ansar, Ecologistas en Acción, SEO- Aragón, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Fondo Amigos del Buitre (FAB), y Triacanthos manifiestan su desconcierto ante las declaraciones del Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé. En una nota de prensa comunican el cambio de talante del consejero ya que esas declaraciones “echan por tierra y contradicen el tono de colaboración y diálogo alcanzado, el pasado 23 de enero en Zaragoza, con la directora General de Alimentación Eva Crepo”. Según este mismo comunicado “Incluso responsables del Ministerio de Medio Ambiente expresaron la intención favorable de la Unión Europea a flexibilizar la normativa para dar solución a la problemática suscitada”.

Estas asociaciones de ecologistas denuncian que la retirada de cadáveres se ha implantado sin tener la más mínima consideración acerca de la conservación de las aves carroñeras existentes en Aragón y relacionan los episodios de ataques de buitres con la imposición del sistema de recogida ya que se han cerrado más de 200 muladares y no se ha acondicionado ninguno hasta fechas recientes.

El comunicado de prensa también hace referencia a la normativa europea relativa a la alimentación de las aves carroñeras. La decisión 322/2003 de la Comisión Europea regula la alimentación de las aves necrófagas, pero según este mismo comunicado, el Decreto 207/2005 aprobado por el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, hace inviable la instalación de comederos en Aragón “estrangulando aún más las normativas de rango superior, suficientemente flexibles”. Además, se vulnera la Directiva Aves Europea 79/409/CEE y la Ley Nacional de Conservación de la Naturaleza al impedir la conservación de aves carroñeras, algunas de ellas en peligro de extinción como el quebrantahuesos o en situación vulnerable como el alimoche.

También denuncian que en materia de Salud Humana del Departamento del Sr. Arguilé ha vulnerado el Reglamento 1774/2002 en lo referente a la eliminación y tratamiento de los materiales específicos de riesgo, tal y como ha acontecido recientemente con la empresa Cazsa en Zaidín.