CAZSA -Zaidín solicita en el juzgado volver a la actividad

CAZSA

La empresa CAZSA ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Fraga el levantamiento de las medidas cautelares que provocaron el cese de la actividad de su planta de tratamiento y eliminación de restos animales en Zaidín, por lo presuntos vertidos tóxicos al río Cinca. La empresa lleva cerrada desde el pasado 7 de agosto, después de que el departamento de agricultura le retirara el permiso de actividad y la autorización para la destrucción de restos animales, con los consiguientes perjuicios económicos. A la vista de que el procedimiento judicial puede prolongarse durante bastante tiempo hasta que haya una resolución, CAZSA ha pedido al Juzgado de Instrucción de Fraga que levante esta suspensión cautelar y permita que la planta reanude su actividad.

Según el letrado que representa a CAZSA en el procedimiento, Álvaro Enrech, “la empresa está sufriendo un grave quebranto económico por un presunto delito que está por demostrar, ya que en cuatro de los cinco informes que han llegado al Juzgado, se descarta cualquier tipo de contaminación. Por ello no tiene sentido mantener el cierre”. Enrech ha señalado que “se ha tenido que despedir a varios trabajadores y otros se han tenido que recolocar en otras áreas de la empresa”.

Hay que recordar que la empresa, según la web municipal de Fraga, era una de las dos plantas autorizadas en todo Aragón, para la destrucción de cadáveres de animales de las granjas aragonesas. Su paralización ha hecho que no pudiera presentarse al concurso convocado por la DGA, para adjudicar este servicio durante este año 2007, que ha correspondido a la empresa leridana GREFACSA, con sede en Térmens.

CAZSA espera poder presentarse para el próximo año, ya que está a punto de poner en marcha un “termodestructor”, en el que ha invertido más de un millón de euros, “que permite la eliminación de restos animales, sin producir ningún tipo de residuos. Para su puesta en marcha tan sólo falta, paradójicamente, un permiso de Medio Ambiente”, ha señalado Enrech.

Por otro lado, los responsables de la empresa y el propio abogado han valorado positivamente el resultado de la doble comparecencia de los Consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ya que entienden que vienen a confirmar su posición de que “los vertidos son legales y no han causado ningún tipo de daño a la flora o a la fauna, ni tampoco al ecosistema del río”. Álvaro Enrech ha calificado de “despropósito” todo el caso de los presuntos vertidos. Según él, lo que ha habido ha sido “un encharcamiento natural, provocado por un cambio del cauce del río, que ha hecho que se acumularan en esa charca vertidos de todo tipo, incluidos los que realizaba la empresa CAZSA, de manera legal y de acuerdo con la autorización de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro”.

Comentarios