Los empresarios piden agilidad judicial para Meflur Monzón

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La Cámara de Comercio de Huesca y la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca) han dirigido una carta a los Ministros de Economía y de Justicia, Pedro Solbes y Mariano Fernández, respectivamente, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, al presidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias y a los consejeros de Economía y de Industria, Alberto Larraz y Arturo Aliaga, en la que se les expresa a todos ellos la preocupación de ambas organizaciones por la situación de la empresa Meflur a la vez que se les solicita que desde las instituciones se activen los mecanismos necesarios para que se procure la máxima agilidad al desarrollo del procedimiento judicial que está en marcha y que se ha dilatado en exceso en el tiempo. Asimismo se ha enviado copia de dichos escritos a la CEOE y al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

 

Así, en el escrito, que viene firmado por los presidentes de Cámara Huesca y CEOS- CEPYME Huesca, Antonio Ruspira y José Luis Estallo, respectivamente, se señala que se trata de evitar la desaparición de las empresas que componen el Grupo Meflur, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, ya que la actual incertidumbre sobre los procedimientos judiciales en curso condiciona la gestión del día a día de la empresa y lastra sus posibilidades de desarrollo y de actuación, a pesar de la confianza que mantienen hacia la compañía numerosos clientes y proveedores.

 

Además, en el escrito se pide que se lleven a cabo las oportunas reformas legales con el fin de impedir que las actuaciones de la administración tributaria, en casos semejantes al del Grupo Meflur, puedan causar, de manera injustificada, algún perjuicio al normal desarrollo de la actividad de las empresas, con independencia del resultado final de las actuaciones, respetando al máximo el principio constitucional de la presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Cabe recordar que en noviembre del año 2005, a instancias de la Fiscalía se iniciaba un procedimiento judicial por un presunto delito de fraude de IVA por un montante de 60 millones de euros, que dos años después la Audiencia decidía su instrucción, momento en el que está, mientras que dos de las marcas del grupo Xtreme Tech y Corporación están en procedimiento concursal. Acusaciones que ha desmentido el presidente del Grupo Meflur. Desde esa fecha, la firma dedicada a la telefonía móvil, fundamentalmente, ha visto como se iba desmantelando.

 

 

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