El ejecutivo autónomo reitera su apoyo a la diócesis Barbastro-Monzón

El Gobierno de Aragón indica en un comunicado que las administraciones públicas deben cumplir las sentencias emitidas por la Signatura Apostólica sobre las piezas de arte propiedad de la Diócesis Barbastro-Monzón, y además sigue mostrando todo su apoyo a la diócesis altoaragonesa.

El ejecutivo autónomo quiere recordar que: La legislación vigente en materia de patrimonio cultural establece que es el derecho canónico el que debe aplicarse en los conflictos sobre los bienes que son propiedad de la Iglesia.

También insiste en que los poderes públicos y las administraciones deben actuar siempre teniendo en cuenta el respeto al principio de legalidad, que en el ámbito de la propiedad de los bienes eclesiásticos viene marcado por el derecho canónico. En este sentido, las numerosas sentencias que durante más de una década han señalado al Obispado de Barbastro-Monzón como legítimo propietario de más de un centenar de obras de arte procedentes de las parroquias del Aragón oriental que se encuentran actualmente en el Museo Diocesano de Lérida, deben ser aceptadas y acatadas por todas las instituciones y administraciones públicas, sin excepción.

En su comunicado, el Gobierno de Aragón insiste en que la utilización de los bienes culturales como objeto de exposición pública para el disfrute de todos los ciudadanos no debería nunca violentar la voluntad de su legítimo propietario que, en el caso de las piezas de arte procedentes de las parroquias del Aragón oriental, es la Iglesia católica y, en concreto, el Obispado de Barbastro-Monzón.

Por último, el Gobierno de Aragón reitera su apoyo al Obispado de Barbastro-Monzón en la reclamación de unos bienes artísticos que legalmente le pertenecen y recuerda a las instituciones catalanas que deben ajustarse al principio de legalidad y acatar las sentencias dictadas por las máximas autoridades del derecho canónico.

Marcelino Iglesias recordaba una vez conocido el rechazo al último recurso de la Diócesis de Lérida que las sentencias se deben acatar por ambas partes y no discutirlas, en este caso por las dos diócesis afectadas en este litigio.