La Confederación Hidrográfica del Ebro concluye los informes de pago de indemnizaciones del camping de Biescas

Las solicitudes de indemnización a las personas y familiares afectados por la tragedia del camping Las Nieves de la citada población se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente, órgano que, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, deberá resolver sobre la estimación de las mismas. Estas propuestas de resolución que se han remitido a los interesados se refieren exclusivamente a las doce reclamaciones realizadas ante la administración desde 2006.

El grueso de las solicitudes de indemnización se tramitaron en 1997, un año después de la inundación del camping. A partir de esta remisión de la propuesta, los interesados tienen un periodo de 15 días para realizar una contestación.

De las reclamaciones se propone estimar directamente cuatro. A estas se unen tres casos más para los que se abre un periodo de prueba para aportar documentos acreditativos de lesiones y daños. Se establecen 30 días desde la notificación para su presentación.

El resto, tanto para las que se plantea estimación, como para las que se propone desestimar, tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

El mencionado organismo de cuenca es el instructor sobre estas solicitudes y en sus propuestas de resolución señala que las reclamaciones que el Ministerio estime finalmente recibirán el pago de 180.303 euros por fallecido. Así lo fijaba la sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2005 en la que se condena de forma conjunta y solidaria a la Diputación General de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente al pago de dichas cantidades.

Las desestimadas se basan en el hecho de que sus plazos de solicitud han prescrito. Cuando en un proceso se abren tanto la vía penal, como la administrativa, esta última queda en suspenso hasta que finalicen las diligencias penales. Una vez se cierre esta vía penal, los interesados tienen un año desde que la justicia realice la notificación para presentar sus reclamaciones por vía administrativa.

Esta situación se produjo en los casos que se ha propuesto desestimar ya que las diligencias penales concluyeron en julio de 2000 y aquellos a los que este hecho fue notificado tenían de plazo hasta julio de 2001 para presentar su reclamación de indemnizaciones y no lo hicieron hasta 2006. Las argumentaciones de las propuestas de resolución han sido avaladas por la Abogacía del Estado y se basan en los argumentos de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.