UGT Aragón exige que el 60% de las viviendas construidas sean de protección oficial

Según el Barómetro de Opinión del Gobierno de Aragón, la vivienda es la preocupación más acuciante para el 36% de la población. UGT Aragón valora positivamente el Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009, si bien es necesario incrementar el volumen de licencias de construcción de viviendas protegidas respecto al total a lo largo del territorio aragonés, con un mayor impulso de las de alquiler, agilizar el funcionamiento administrativo de los servicios y registros públicos, introducir medidas fiscales para el fomento del régimen de alquiler y una tributación especial para las viviendas deshabitadas de manera permanente sin causa justificada.

Distintos indicadores señalan el enfriamiento del boom inmobiliario y la moderación en el crecimiento de los precios de la vivienda. La subida de los tipos de interés y el elevado endeudamiento familiar, más allá de constreñir las posibilidades de gasto de las familias y ciudadanos en general están disminuyendo las expectativas de ganancia, especulativa en muchos casos, ajustando el mercado inmobiliario. A ello también contribuyen medidas legislativas tendentes a frenar la especulación, como la normativa sobre la Ley del Suelo desincentivando que la vivienda sea contemplada como un mero elemento de inversión.

UGT Aragón recuerda que el derecho a residir dignamente es un derecho constitucional que los poderes públicos competentes deben garantizar facilitando que todos los ciudadanos puedan alcanzarlo. El derecho a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inalcanzable para muchos colectivos: ciudadanos con bajos ingresos, jóvenes, personas con problemas de movilidad que no pueden acceder a viviendas adaptadas a sus necesidades, trabajadores extranjeros, pero también para familias con ingresos medios.

UGT Aragón propone impulsar las viviendas protegidas alcanzando el 60% del total de las licencias de construcción de nuevas viviendas. Además debe ser un objetivo prioritario, el duplicar la oferta actual de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Por otra parte, el sistema debe agilizar el funcionamiento administrativo para que, funcionando como un verdadero registro de demandantes, sea instrumento eficaz de intervención en el mercado de la vivienda actuando con flexibilidad y modificando si fuese necesario la actual Ley Aragonesa.

En 2006, en España el porcentaje de vivienda protegida finalizada sobre el total fue del 9,3%. En Aragón se terminaron 13.966 viviendas, de ellas 12.865 fueron libres (el 92,1%) y 1.101 viviendas protegidas (el 7,9%), porcentaje punto y medio inferior al nacional. Asimismo, la evolución de la vivienda protegida en 2006 frente a 2005 presenta un comportamiento negativo, con un descenso del 41%. Apuntar que en 2005 la proporción de viviendas protegidas sobre el total era del 13%.

La situación prevista a corto y medio plazo es que en 2006 en Aragón se han iniciado 22.852 viviendas, de las que el 35,7% son protegidas, 8.162, siendo el mayor dato registrado, y el resto, el 64,3% son libres.

Esta mejora se reparte de forma muy desigual por provincias: el 87,7% en Zaragoza, el 7,9% en Huesca y el 4,4% en Teruel, datos que si bien están en relación con el peso poblacional en este caso no es un indicador aceptable ya que debiera estar en relación no con el reparto de población territorial sino con el peso de la población con problemas de acceso a la vivienda en cada provincia. En Huesca se han iniciado 2,9 viviendas por cada 1.000 habitantes, en Zaragoza 6,3 y en Teruel 2,4. Mostrando así una distribución de la construcción muy desigual con la capital zaragozana.

Por provincias, Huesca registra el mayor incremento trimestral en el índice de precios de la vivienda, un 3,11% seguido de Zaragoza, 2,53% y Teruel 1,33% datos que evidencia la urgencia de actuar a favor de las viviendas protegidas.

Este mismo índice se ha incrementado en 2006 un 13,3% en Aragón, la segunda mayor subida nacional, y que en lo que va de 2007 el precio medio por metro cuadrado en Aragón continúa subiendo. En el segundo trimestre el precio medio se sitúa en 1.937,5 € metro cuadrado, un 2,8% más que el trimestre anterior.

UGT Aragón demanda información, transparencia y participación en la gestión urbanística municipal y, sobre todo, en la gestión de los patrimonios públicos del suelo y recuerda que el suelo de los ayuntamientos, también el cedido por los promotores debe ser la materia prima sobre la que realizar las políticas sociales de vivienda y no una vía de financiación.

Respecto a los datos de alquiler de vivienda protegida, ni Huesca ni Teruel disponían en 2006 de viviendas calificadas por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón en régimen de alquiler, y mientras que Zaragoza dispone de un 18,5% del total de la vivienda calificada como protegida en régimen de alquiler.

Para UGT Aragón es esencial impulsar el alquiler, incentivando la demanda y reforzando la oferta, para ello UGT Aragón propone medidas fiscales que incentiven el alquiler por lo que apoya el anuncio de la ministra de vivienda de actuar fiscalmente en esta línea. Asimismo, reclama establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, sobre todo para personas por debajo de 2,5 veces el IPREM.

Y para reforzar la oferta de alquiler en el sector privado UGT propone establecer incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, así como reforzar las garantías del arrendador, favoreciendo el arbitraje como medio de solución de las controversias, estableciendo un seguro de caución en los contratos que garantice al arrendador el cobro de las rentas (además de la fianza el arrendatario deberá pactar con el arrendador un seguro de daños al inmueble). También propone movilizar el contingente de viviendas vacías para su incorporación al mercado. Para ello, es preciso crear registros municipales de viviendas desocupadas para su posible incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado, a través de medidas como la rehabilitación, en caso de ser necesario, o los avales y seguros públicos frente a impagos y deterioro. Otra medida es establecer una tributación especial para aquellas viviendas que se compruebe, fehacientemente, que están deshabitadas de manera permanente, sin causa justificada. La legislación deberá concretar las cuantías y los mecanismos para comprobar que las viviendas están desocupadas.