La UIMP pone en marcha nuevos cursos de verano en Formigal

Dentro de los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Zaragoza, este miércoles día 12 en su sede de Formigal comienza el titulado “Auditoría en el sector público. Transparencia y compromiso con el ciudadano", dirigido por Lourdes Torres, catedrática de Contabilidad de la Universidad de Zaragoza.

El siguiente curso programado en Formigal será del 17 al 19 de septiembre sobre “ Estado Absolutista y Estado Constitucional” impartido por Jesús Astigarraga y Javier Usoz, profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, y “El análisis de las economías regionales” a cargo de José María Serrano, Catedrático de Economía Aplicada, del 17 al 21 de septiembre.

En el primer curso se pretende analizar en profundidad “la aportación de la auditoría del sector público a la mejora de la transparencia de las Administraciones Públicas, como forma de reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Se pretende obtener una visión interdisciplinar sobre la deseada mejora de la transparencia en las instituciones públicas y su comunicación con el ciudadano”.

Tal y como asegura Lourdes Torres, “si en las empresas prevalece el interés por verificar que sus estados contables reflejan razonablemente la imagen fiel de éstas, información requerida por los distintos usuarios externos -accionistas, acreedores, futuros inversores, etc.- en las entidades públicas interesa, probablemente con mayor intensidad, mostrar la adecuación de la gestión de los fondos públicos, además de verificar el cumplimiento de la legalidad, objetivo tradicional del control público”

La justificación de esta diferencia radica, a juicio de la experta, “en el origen de los fondos que financian ambos sectores, que en las administraciones públicas obliga a rendir cuentas sobre los mismos a los órganos de control y a los ciudadanos"

Lourdes Torres identifica y describe los diversos tipos de auditorías que se manejan: de legalidad, financiera o contable, y operativas o de gestión. En lo que atañe a la primera, la experta asegura que “esta busca la demostración de que el sector público cumple la legalidad vigente. En lo referente a la auditoría financiera, ésta se rige por los mismos parámetros que la empresa privada: analizar y evaluar que los estados contables son fiel reflejo del estado real de las cosas. Por último, la auditoría operativa define hasta qué punto la entidad auditada se gestiona bajo criterios de eficacia y eficiencia; es decir, que se gasta lo que se debe, como se debe y donde se debe”.

 

En España, el Tribunal de Cuentas “es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público”. Se trata de un organismo “independiente del Ejecutivo” que cuenta “con una doble función: la propia de la auditoría de la de enjuiciamiento”. No obstante, las transferencias a los gobiernos autonómicos han depositado en manos de organismos más cercanos esta cuestión auditora “lo que permite una mayor cercanía y un control más detallado de la Administración pública”.

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