Firmado el convenido entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento para mejorar equipamientos e infraestructuras

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, acompañado por la directora de Administración Local, Lourdes Rubio, y el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, han firmado el acuerdo de este año 2007 que permitirá invertir por parte del Ejecutivo autónomo 1,8 millones de euros en la capital oscense en proyectos designados por ambas instituciones.

Los trabajos van a consistir en la reparación y reposición de infraestructuras en los Polígonos La Magantina y Sepes, en concreto la intervención en el viario de la Calle Magantina, Lucas Mallada y adyacentes, para lo que se invertirá casi 610.000 euros. También se va a actuar en el solar municipal del área 12, en el entorno del Polígono Monzú, donde se destinarán más de 634.630 euros. El programa de inversiones se completa con 558.399 euros para el proyecto de reurbanización y mejora del espacio urbano de la Plaza López Allué.

Un convenio específico que se remonta al año 2004 y que ha permitido acometer actuaciones consideradas prioritarias por ambas instituciones. Así las inversiones que en materia de política territorial se han realizado en Huesca han redundado en una mejora de la calidad de vida, ya que se han destinado a obras de primera necesidad y que repercuten directamente en el bienestar de los ciudadanos como la mejora del abastecimiento de agua con la conducción desde el pantano de Vadiello, la construcción de un depósito de cola regulador de agua potable o la informatización de distintos sistemas de abastecimiento.

Por otro lado, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, acompañado por el director general de Interior, Javier Artajo, realizaba su primera visita oficial a la comisaría de la Unidad adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma que empezó su actividad en la capital oscense en mayo de este año.

Esta unidad cuenta en la actualidad con 18 efectivos que realizan labores de vigilancia y custodia de edificios públicos, así como tareas de escolta de altos cargos públicos. Con el nuevo Estatuto de Autonomía está prevista la asunción de nuevas competencias, lo que conllevará una modificación del actual convenio con el Ministerio de Interior.