Fiscal de Huesca pide prisión para seis personas por venta gasóleo adulterado

 

Seis personas se enfrentarán esta semana en la Audiencia de Huesca a una petición fiscal de penas que suman 18 años de prisión y al pago de indemnizaciones por un importe global de 95.000 euros por la presunta venta de gasóleo adulterado en una gasolinera ubicada en la capital oscense.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal destaca que la supuesta estafa fue llevada a cabo entre los meses de abril y mayo de 2001 por responsables de la empresa que gestionaba la estación de servicio, Giramundi, y de una alcoholera ubicada en Móstoles que proporcionaba el combustible adulterado.

La Fiscalía de Huesca señala que el combustible adulterado dañó los vehículos de numerosos particulares y empresas, los cuales tuvieron que abonar por las respectivas reparaciones llevadas a cabo cantidades situadas entre los 1.000 y 5.000 euros.

Según el ministerio público, los socios de la empresa encargada del funcionamiento de la gasolinera acordaron comprar gasóleo adulterado para incrementar sus beneficios, combustible que no se correspondía con el ofertado y que no era apto para el suministro de vehículos de motor.

Añade que una de las formas empleadas para hacerse con el gasóleo adulterado era a través de los servicios de un transportista, que cargaba el combustible en las naves de la alcoholera para trasladarlo en su camión hasta los depósitos de la gasolinera.

"Una vez en los depósitos de la gasolinera -indica el fiscal-, el gasóleo adulterado se ofrecía como apto para vehículos, cuyos titulares adquirirían previo pago del correspondiente precio y desconociendo que lo adquirido no correspondía con lo ofertado y que podía ocasionar daños en sus vehículos".

Las sucesivas denuncias interpuestas contra la estación de servicio motivaron la realización de análisis diversos del combustible depositado en sus tanques y del suministrado a los vehículos, que permitieron detectar el supuesto fraude.

La fiscalía responsabiliza de la presunta estafa a dos responsables de la empresa encargada de la gasolinera y al trabajador que controlaba las descargas del gasóleo, a los dos administradores de la alcoholera y al transportista.

Solicita para cada uno de los acusados penas de 3 años de prisión y el pago de 51.700 euros en multas y de otros 43.200 en indemnizaciones a los afectados.

En su escrito, el ministerio fiscal solicita que se declare a las compañías aseguradoras de ambas sociedades responsables civiles subsidiarias a fin de garantizar el pago a los afectados.

Solicita, por otra parte, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otras ocho personas que fueron denunciadas en relación a estos hechos y cuya participación considera "no debidamente justificada".

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