El PAR plantea que Fomento gestione una solución de consenso para los vecinos de Alcalá del Obispo con grietas en sus viviendas

El Grupo parlamentario del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición no de ley en la que plantea al Ministerio de Fomento que gestione una solución consensuada para los vecinos de Alcalá del Obispo, afectados por grietas en sus viviendas. La iniciativa ha sido impulsada por el diputado altoaragonés del PAR, Javier Callau, a raíz del compromiso adquirido en su reciente visita a la localidad.

La proposición del PAR indica que “algunos vecinos de la localidad de Alcalá del Obispo han denunciado públicamente que sus viviendas presentan diversas grietas y desperfectos en sus muros, presuntamente causados en su opinión, por las voladuras realizadas para construir el aeropuerto Huesca-Pirineos”. Su preocupación es para el PAR “totalmente comprensible, ya que se trata en algunos casos de grietas de varios centímetros de grosor” que han aparecido, coincidiendo con las obras y explosiones necesarias para construir la pista del cercano aeropuerto, “en una docena edificios, algunos con décadas de existencia que no habían registrado ningún incidente”, por lo que plantea expresar esa misma preocupación al Gobierno central.

El PAR recuerda que “los informes técnicos a instancia de parte niegan una relación causa-efecto, pero la evidencia de los temblores y sobresaltos en cada voladura motiva que los vecinos descarten la solución del simple silencio, acatamiento de esos informes y posterior gasto en reparaciones a su cargo”, teniendo en cuenta además, que “durante mucho tiempo, se ha transmitido a los vecinos afectados, distintos compromisos para afrontar el asunto como solicitan”. A juicio del PAR, estos ciudadanos “ahora, se sienten defraudados y los poderes públicos implicados no pueden zanjar la cuestión en estas circunstancias. Se hace necesario estudiar todas las posibilidades de mediación a fin de que se reconduzca este problema hacia una solución satisfactoria para ambas partes. Se debe intentar un acuerdo y, a la vista de la posición adoptada por la constructora, la aseguradora y la empresa pública promotora, resulta precisa una intervención política”, que finalmente se insta a emprender por parte del Ministerio de Fomento, para consensuar una solución extrajudicial, es decir, con carácter previo al posible inicio de reclamaciones ante los tribunales por parte de los afectados, con nuevas molestias para éstos.

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