Los sindicatos se movilizarán por la ampliación de la jubilación parcial y anticipada de empleados públicos

 

Ante la actual paralización de la aplicación de la jubilación parcial y anticipada a los empleados públicos, CCOO, CSI-CSIF y UGT exigen al Gobierno el cumplimiento de los Acuerdos suscritos y lo acordado por el Parlamento en la Ley Básica del Estatuto del Empleado Público.

 

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece la jubilación parcial para todas las trabajadoras y trabajadores del Régimen general excepto para el personal funcionario de las Administraciones Públicas. Esto plantea una grave discriminación para los empleados públicos, ¿por qué un trabajador de una empresa privada o personal laboral de la Administración Pública, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, puede jubilarse parcialmente y un funcionario del mismo Régimen no?

 

CCOO, CSI-CSIF y UGT han suscrito diversos Acuerdos con el Gobierno a lo largo de la legislatura, tendentes a la consecución en el período de la misma de la Jubilación Parcial y Anticipada para el conjunto de los empleados públicos: Acuerdo para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, Acuerdo del Grupo de Trabajo del foro para el Diálogo Social en materia de jubilación e incapacidad temporal, por el que promovíamos la inclusión en el Proyecto de Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, de una previsión sobre la jubilación anticipada y parcial para los funcionarios de carrera incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, tal y como se recoge en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

 

CCOO, CSI-CSIF y UGT han denunciado la falta de voluntad política del Gobierno para aplicar la jubilación parcial a todo el personal de la Función Pública y ha planteado una “batalla sostenida” para conseguir la aplicación definitiva, ya que de no ser así el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco del Personal Sanitario, que recoge la jubilación parcial de los funcionarios, quedaría en papel mojado y no tendría ninguna validez a efectos legislativos y sociales.

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