Medidas cautelares

Ana Sánchez Borroy

Decía estos días el abogado de la familia de un niño que ha sufrido supuestamente durante dos años el acoso y las agresiones de tres compañeros de colegio que la Fiscalía, la Policía y el Juzgado de Menores han trabajado con "rapidez y eficacia".

Es cierto que el Juzgado de Menores ha dictado un auto en el que establece unas medidas cautelares que prohíben a los tres supuestos agresores acercarse a su víctima. Con este auto, antes de que llegue a su fin el proceso judicial, antes de que se haya dictado sentencia, se consigue que el menor acosado "deje" de sufrir la violencia de los tres acusados. Por eso, se habla de "rapidez y eficacia". Y en ese sentido, sí, hemos ganado tiempo. Hemos ganado unos meses, los meses que nos separan ahora de la celebración del juicio.

¿Es suficiente? ¿Podemos hablar en general de "rapidez y eficacia" cuando nos referimos a un menor que lleva dos años aguantando una situación insufrible? ¿Cuando los padres de ese menor se vieron obligados a cambiarle de colegio mientras los tres agresores seguían acudiendo a sus clases con normalidad? ¿Las únicas "medidas cautelares" que somos capaces de aplicar son las que dictamina un juez en su auto?

Puede que la Fiscalía, la Policía y el Juzgado de Menores hayan actuado diligentemente, como decía el abogado. Sin embargo, deberíamos plantearnos si las medidas policiales y judiciales deberían ser el único recurso al que agarrarnos en casos de acoso escolar. ¿Qué pasa con las medidas educativas? ¿Se puede seguir manteniendo el argumento de que las agresiones de los alumnos de un centro escolar no son competencia del Departamento de Educación si se producen fuera del colegio o instituto?

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